El Presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, Dionisio González Otero, mantiene desde el pasado viernes 4 de diciembre una huelga de hambre en su despacho de la sede central de la organización, en Talavera de la Reina (Toledo).
González Otero reivindica con su drástica postura una implicación de los partidos políticos para elaborar una Ley de Juego no discriminatoria y que acabe con “el monopolio del Estado con la ONCE” (Organización Nacional de Ciegos Españoles).
“Nunca habría querido llegar a esta situación, pero no me queda otra opción, tras las injusticias que se llevan cometiendo contra nuestro colectivo, que no ha hecho otra cosa que luchar por sus puestos de trabajo. Pero quien tiene el poder no ha hecho nada hasta el momento. Hemos luchado y seguiremos luchando por esta causa. La OID somos todos”, recoge el comunicado remitido a los medios.
El presidente aboga por defender los derechos de las 4.000 personas que integran el colectivo y critica la “campaña de desprestigio” dirigida por la ONCE calificando el sorteo de la OID como “juego ilegal”.
Cabe recordar que la OID inició hace tres meses los contactos con diversos estamentos de la Administración -Dirección General de Ordenación del Juego, Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministra de Empleo y Seguridad Social- y todos los partidos políticos, ante las inminentes elecciones generales, “sin que estos organismos hayan abierto diálogo alguno para normalizar la situación de los trabajadores de la OID, que han de acogerse a la figura del voluntariado para ejercer su labor y acceder a un medio de vida digno”.
Tribunal de Justicia Europeo: último paso
En la nota de prensa remitida, la OID considera que la Ley del Juego de 2011 no se ajusta a derecho y es conculcatoria de varios artículos de la Constitución Española. “Si los partidos políticos que nos gobiernen a partir del 20 de diciembre siguen en la misma actitud que los gobiernos anteriores, estamos dispuestos a llegar al Tribunal de Justicia Europeo, una vez agotadas las instancias judiciales en nuestro país“, concluye Dionisio González.
