lunes, 4 julio 2022
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El convenio sanitario con Madrid enfrenta a Gobierno y oposición

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Valázquez (i) y Riobisco, mostrando el escrito remitido a los medios

El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, ha exigido a Page que mantenga íntegramente el convenio sanitario y no lo elimine, porque “no se puede atentar contra la salud de los ciudadanos de la región”.

En este sentido, ha recordado que el gobierno de Page debe cumplir con las obligaciones reflejadas en el acuerdo sanitario con la Comunidad de Madrid y debe pagarlo, porque “este convenio es un derecho y un logro adquirido por los castellano-manchegos”.

“Desde el PP vamos a luchar con uñas y dientes para que Page no elimine este convenio tan reclamado en nuestra región”, ha resaltado el dirigente popular, junto con el portavoz de Sanidad y portavoz adjunto del grupo, Carlos Velázquez, antes de la entrega de un escrito en la sede del gobierno regional para hacer responsable al presidente de la Junta de las consecuencias que tenga la eliminación del convenio sanitario en la salud de los ciudadanos.

Para Fernández la carta es una “pantomima”

Foto Blanca 06-04
Blanca Fernández

Por su parte, la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha calificado de “pantomima” que los dos parlamentarios del grupo popular hayan entregado una carta sobre el convenio sanitario de Madrid, en la sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades.

Para Fernández, esta manera de actuar responde al “teatrillo” que están realizando los ‘populares’ para protestar contra la decisión del gobierno de Emiliano García-Page de revisar dicho convenio “porque no queremos rescatar la sanidad privada y los hospitales privados en quiebra de Madrid  con el dinero público de los castellano-manchegos”.

Fernández ha indicado que hubiera estado muy bien que los que ahora actúan así hubieran presentado escritos durante la pasada legislatura para protestar contra el intento de cierre de las urgencias rurales o contra el cierre de más de 800 camas en los hospitales de la región o contra el despido de más de 2.000 profesionales sanitarios que llevó a cabo el gobierno de Cospedal.

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