La controversia entre lo que exige la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y lo que luego hace el Ayuntamiento de Talavera, a través de Ipeta, en la selección de alumnos, orientadores y monitores, no sólo afecta a los ya conocidos y públicamente discutidos casos del Plan Especial de Empleo puesto en marcha por el Gobierno Regional.
El pasado viernes, como prueba, terminaba el plazo de alegaciones para los excluidos en los talleres de empleo concedidos por la Junta al Consistorio talaverano y uno de los alegantes, José Ángel Bernabé, detalla a Ahoraclm las “incongruencias e incoherencias” del proceso de selección de formadores del taller de empleo ‘San Marcos’, centrado en la rama de edificación y pintura de edificios y de mobiliario urbano.
La principal denuncia de Bernabé, un profesional de la pintura con 29 años de experiencia y con acreditación oficial para la impartición de hasta diez módulos formativos, es que los alumnos que se formarán en la rama de pintura de edificios, al menos, no obtendrán el ‘Certificado de profesionalidad’, luego exigido a la hora de encontrar empleo, por no estar inscritos los monitores en principio seleccionados en el registro oficial de formadores de la Junta.
Al respecto, Bernabé asegura que “los alumnos se formarán y cobrarán durante unos meses, pero en nada incidirá este tiempo en su futura inserción laboral, que debería ser el objetivo principal de cualquier iniciativa de empleo, por no estar acreditados oficialmente los formadores para otorgar el pertinente certificado de profesionalidad”. En este sentido, manifiesta no entender “para qué sirve el registro oficial de la Junta, si luego puede formar cualquiera, y para qué sirven los talleres de empleo si ya desde su inicio están imposibilitados para ofrecer un futuro laboral a sus alumnos, por falta de acreditación profesional”.
Una baremación “incongruente”
José Ángel Bernabé cuestiona, asimismo, la “incongruencia” que supone el hecho de que en los criterios establecidos para la selección de monitores, se bareme con 0,5 puntos la tenencia del carné profesional por parte de unos formadores que, al menos los registrados oficialmente, son los encargados de otorgarlos. Eso es, sentencia Bernabé, “como si a un profesor se le exige el carné de estudiante, a la hora de optar a una plaza docente”.
Estas son las alegaciones y denuncias principales de un profesional de la pintura y de la formación, que acusa a Ipeta de “incoherencia” a la hora de seleccionar a sus formadores y de fomentar el “intrusismo” por no exigir a los mismos su inscripción en el registro oficial de la Junta que, dice él, “para algo debe estar y servir”.
