Un ayuntamiento de Castilla-La Mancha, el de la localidad guadalajareña de Trillo, está siendo registrado hoy junto a otros consistorios catalanes y madrileños dentro de la operación Térmyca, llevada a cabo por la Guardia Civil contra una presunta trama de corrupción en la administración pública. Trama en la que estarían implicados funcionarios, un exalcalde, empresarios y directivos de las consultoras Efial y CGI.
La Guardia Civil ha informado de que, hasta el momento, se han practicado 12 detenciones, 48 registros y 15 requerimientos judiciales a varios ayuntamientos. La Benemérita investiga en esta operación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, así como fraude e infidelidad en la custodia de documentos.
La operación se inició en junio de 2014 con el registro del ayuntamiento de localidad tarraconense de Torredembarra, que finalizó con el ingreso en prisión del que entonces era su alcalde. La Guardia Civil y el juzgado número 1 de El Vendrell investigaron varios contratos de este ayuntamiento con la consultora Efial, obteniendo unas pesquisas que han desembocado en la operación que se está llevando a cabo hoy.
Los 48 registros practicados afectan a 14 domicilios, 7 despachos profesionales, 12 sociedades mercantiles y 7 entidades públicas empresariales locales. Asimismo, se están registrando los ayuntamientos de Tortosa, Ascó, Vandellós y L’Ametlla de Mar, todos de la provincia de Tarragona; Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en Madrid, y Trillo en Guadalajara.
Los investigadores han detectado un uso fraudulento de las entidades públicas empresariales locales, con la existencia incluso de algunas ficticias sin ningún tipo de actividad. Estas entidades fraudulentas captaban dinero público y lo desviaban a una sociedad mercantil privada, en una trama opaca que acababa transfiriendo los fondos a Andorra a través de sofisticadas operativas mercantiles. La operación policial ha movilizado a 342 guardias civiles de las Comandancias de Tarragona, Barcelona, Lérida, Gerona, Madrid, Guadalajara, Huelva, Granada, Castellón e Islas Baleares.
