El Gobierno de Castilla-La Mancha ha suscrito convenios de colaboración con 15 áreas supramunicipales, que agrupan a un total de 149 ayuntamientos de la provincia de Toledo, con el objetivo de garantizar en estas localidades el desarrollo de los programas y las prestaciones básicas de servicios sociales.
Las áreas supramunicipales con las que se ha suscrito el convenio son: Ajofrín, Belvís de la Jara, Borox, Cabañas de la Sagra, Calera y Chozas, Cebolla, Gerindote, La Guardia, Lominchar, Pepino, Polán, San Bartolomé de las Abiertas, San Pablo de los Montes, Valmojado y Villarrubia de Santiago.
La firma de este convenio permitirá la atención a un total de 226.240 habitantes de la provincia de Toledo y permitirá la contratación de 18 trabajadores sociales, 18 educadores y 15 auxiliares administrativos que se suman al trabajo que realizan ya los 53 trabajadores sociales del Programa Regional de Acción Social (PRAS), dependientes de la Consejería de Bienestar Social.
El Programa Regional de Acción Social (PRAS) se implanta como modelo de financiación del ámbito supramunicipal, concertado entre la Consejería de Bienestar Social y agrupaciones de municipios de menos de 3.500 habitantes. Así, la Consejería asumen la financiación del 99,98 por ciento del coste total del convenio y la entidad local aporta el 0,02 restante.
Estas subvenciones para la ejecución de los programas sociales básicos de ámbito supramunicipal se dirigen fundamentalmente a cubrir los gastos de personal y al mantenimiento de los centros coordinadores de servicios sociales.
Convenio vital
El director provincial de Bienestar Social, Gregorio Gómez Bolaños, ha asegurado que la firma de estos convenios es de “vital importancia” para estos ayuntamientos, pues la financiación que reciben les permite prestar y desarrollar los programas y prestaciones básicas de servicios sociales entre sus vecinos y vecinas, tan “necesarios para las personas más vulnerables”.
Gómez Bolaños ha puesto en valor el trabajo que desarrollan los trabajadores y educadores sociales,ya que realizan “funciones de información, valoración, orientación a la familia, gestión de prestaciones y cumplimentan cualquier tipo de solicitudes a la Administración” y ha añadido que “su labor es imprescindible, ya que los servicios sociales básicos son un pilar de la política social del Estado del Bienestar Social”.
