El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado al Estado que levante la actual suspensión sobre las cláusulas sociales que aprobó el Gobierno regional y que, entre otros, imposibilita que la administración regional pueda contratar servicios con empresas que hayan sido condenadas por discriminación laboral, además de fomentar la incorporación de la mujer y de personas con discapacidad al mercado del trabajo.
Page ha lamentado que en España haya “más egoísmo que hace 15 ó 20 años” así como el creciente individualismo de nuestra sociedad en donde, tras los peores años de la crisis, se ha instalado la filosofía del “sálvese quien pueda”.
Por ello, ha pedido al Gobierno central que ponga de manifiesto su coherencia en la defensa de la igualdad y el fomento de la cohesión social “llevando a la práctica aquello en lo que todos coincidimos” y permitiendo al Ejecutivo autonómico aplicar las cláusulas sociales aprobadas por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que “no sólo son legales sino que tienen fundamento constitucional”.
Del mismo modo, García-Page ha reclamado una modificación “clara, profunda y absoluta” del modelo laboral a nivel nacional, que supere la precarización y la homogenización a la baja de los salarios.
En este sentido ha adelantado que, tras la aprobación de los Presupuestos Autonómicos de 2017, el Gobierno regional dará luz verde a la Ley de Garantía de Rentas a la que se ha referido como la ley más importante de toda la democracia en Castilla-La Mancha.
Una legislación que profundizará en el concepto de “garantía básica” y que combinará medidas de empleo, dependencia, servicios sociales y un mínimo vital que servirá para vertebrar la defensa de la igualdad y la cohesión social en la región.
