Los trabajadores de SADA-Lominchar y sus sindicatos -CCOO y UGT- “lucharán hasta el final contra el desmantelamiento parcial de la planta y la destrucción de cientos de puestos de trabajo” y reclaman apoyos institucionales para evitarlo.
“No vamos a permitir que nos dejen en la calle sin luchar hasta el último aliento; vamos a defender hasta el final nuestros puestos de trabajo porque de ellos depende nuestra vida y la de nuestras familias”, ha señalado este mediodía en rueda de prensa la presidenta del comité de empresa de SADA-Lominchar, Mercedes Pons.
En esta lucha, los trabajadores de SADA reclaman el respaldo de los partidos políticos y de las autoridades locales, provinciales y regionales, de la JCCM y del delegado del Gobierno, que ya ha mostrado interés y se ha comprometido a hacer gestiones ante el Ministerio Agricultura.
Afectará a 158 trabajadores
El Grupo SADA, dedicado a la explotación avícola con nueve plantas y más de 1.900 personas en nómina, anunció el pasado día 30 de mayo un plan de reestructuración cuya medida traumática se centra en la factoría de Lominchar, donde la empresa tiene previsto cerrar la sala de despiece, una decisión que afectará a 158 trabajadores directos -la mayoría, mujeres- y a otros 120 ‘cooperativistas.’ Por el contrario, el Grupo reforzará sus inversiones en otras plantas del resto del país, a las que destinará 18 millones de euros.
“Lominchar es perfectamente viable y no hay razón ninguna para que el plan de SADA sea invertir en otras factorías y desarbolar la de Toledo. La planta de Lominchar es muy viable, lleva casi 50 años -desde 1968- dando beneficios a la empresa y dando de comer a cientos de familias de Lominchar y de toda La Sagra. Su desmantalamiento sería traumático para toda la comarca”, subraya Pons.
Los planes de la empresa pasan por mantener exclusivamente en Lominchar la producción de productos elaborados y carne para salchichas, unos 115 empleos directos y 45 de ‘cooperativistas’. El Grupo ya ha despedido o ‘deslocalizado’ a 120 cooperativistas de Lominchar y quiere despedir a otros 158 trabajadores -proponiendo a 70 de estos el traslado a Lleida-, y sin ninguna garantía de permanencia para la plantilla restante.
