La acusación popular en el ‘caso Sufi’ presentará un recurso de reforma contra el auto que ha sobreseído la adjudicación del contrato municipal de limpieza de Toledo -dictado por el magistrado Florencio Rodríguez- , al no encontrar indicios de los delitos de cohecho y prevaricación que estaban siendo investigados
El auto dictado por el juez no convence a la acusación popular que representa a IU, Ecologistas en Acción y la Asociación Libre de Abogados, entre otros. Y es que la acusación popular, según explica la abogada Ana Méndez, considera que “la prevaricación es evidente” y mantiene la existencia de presunto cohecho en relación con la comisión de 200.000 euros por la que pudo adjudicarse este contrato a la empresa Sufi.
El recurso debe formalizarse en el plazo de tres días y si en caso de ser rechazado, la instancia superior sería el Tribunal Supremo.
En marzo de 2015, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, se inhibió a favor de los Juzgados de Toledo para que investigaran la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución del citado contrato de basuras.
Fue el extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien denunció la supuesta mordida de 200.000 euros recibida por el PP de Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal, en las elecciones autonómicas de 2007, teóricamente entregada a cambio de la adjudicación del contrato de recogida de basuras de Toledo a la empresa Sufi, filial de Sacyr, cuando era alcalde de Toledo José Manuel Molina.
