La secretaria general del Partido Popular de Talavera de la Reina, María Victoria González Vilches, ha registrado en la delegación de servicios de la Junta de Castilla-La Mancha, una carta dirigida al presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García Page, para instarle a que revise el Proyecto de Ley de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias para que “los fines que persigue tengan una traslación real y un impacto verdadero en la economía de nuestros municipios lo antes posible”.
La secretaria general de los populares talaveranos ha trasladado el malestar de los alcaldes del PP de la comarca de Talavera que consideran que el Proyecto de Ley de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias que se debatirá para su aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha presenta en su concepción una serie de deficiencias que “desde los municipios de Talavera y su comarca consideramos ineludibles”.
Por su parte el coordinador provincial de acción electoral, Jaime Ramos, ha anunciado que ha pedido al Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha que voten a favor de este proyecto, pero a la vez que estén muy vigilantes para conseguir que esta ley está dotada presupuestariamente y que Page cumpla lo que prometió para Talavera.
Ramos ha explicado que se trata de un proyecto de ley sin presupuesto y cuyo contenido pasa de ser local a regional, por lo que los fondos se dispersarían en detrimento de Talavera y su comarca.
En primer lugar, es reseñable lo exiguo de su contenido y extensión, en una ley que, se supone, aspira nada menos que a “corregir los desequilibrios territoriales; fomentar nuevas estructuras en el aparato productivo; impulsar el desarrollo endógeno regional; propiciar un desarrollo compatible con el medio ambiente; y promover la competitividad e innovación empresarial”.
En ese sentido, la carencia más grave que presenta el texto es la de condicionar su aplicación a la existencia de disponibilidad presupuestaria, a lo que se une la falta de concreción en cuanto a los instrumentos de financiación, especialmente si atañen a fondos procedentes de la Unión Europea.
En definitiva, según explica la carta, su materialización y control se deja al albur de lo que disponga el Gobierno regional, lo que permite el uso antidemocrático y sectario de la ley por parte de los propios dirigentes regionales.
De igual modo, no sigue las indicaciones del Consejo Consultivo y carece de régimen sancionador para aquellos beneficiarios que puedan resultar incumplidores de la misma.
