No hay “fundamentos jurídicos” que justifiquen que un ex alto cargo de la Administración pueda cobrar la parte correspondiente a la paga extra de 2012 que fue retirada ese año por el Gobierno del PP en la región. Así lo ha estipulado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, aunque lo más curioso es que la sentencia ha sido con motivo de un recurso contencioso-administrativo presentado por Eliseo Gómez Velasco, quien fue secretario general de la Consejería de Hacienda en el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal.
En el texto de la sentencia no solo se desestima el recurso, sino que además se imponen costas a Gómez Velasco por valor de 1.500 euros. Como argumentación, en los fundamentos de derecho se explica que tras la ley de 2012 que suprimió la paga extra, si no ha habido desde entonces una norma de semejante rango que ordene su devolución, “no se comprende que se pretenda que el Consejo de Gobierno pueda acordar tal devolución”. “Si una Ley autonómica suprimió la percepción, otra ley autonómica deberá, en su caso, ordenar su devolución. Desde luego, está más allá del ámbito de este pleito y de los tribunales el ordenar al poder legislativo que tome esa medida”.
Secretario de Hacienda
Gómez Velasco es uno de los ex altos de Cospedal que han encontrado acomodo, ‘reclutados’ por la expresidenta para el Ministerio de Defensa. Este funcionario del Cuerpo Superior de Castilla-La Mancha, fue nombrado hace meses como Subsecretario de Régimen Interior. Fue secretario general de Hacienda en la comunidad autónoma y al igual que otros ex altos cargos de la también secretaria general del PP, fue objeto de polémica, en su caso, por ejecutar la reforma del Plan de Recursos Humanos del parque móvil de conductores de la Junta, con el despido de varios de ellos y el objetivo de privatización de este servicio.
De cualquier forma, y tras varios procesos judiciales, huelgas, encierros, concentraciones y manifestaciones, ese Plan de Recursos Humanos se frenó después de la salida de Cospedal del Gobierno castellano-manchego en julio de 2015. Antes, ya había sido paralizado de forma cautelar por los tribunales a la espera de una sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que nunca se produjo una vez suspendido el proyecto por parte del nuevo gobierno.
