El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que la responsabilidad de que se instale una macrogranja en cualquier municipio de la región es del Ayuntamiento en cuestión que es el “órgano sustantivo”. Es decir, que la Administración local recoge el proyecto de la empresa, traslada ese proyecto y pide la Declaración de Impacto Ambiental a la Consejería de Medio Ambiente.
“Son los ciudadanos y el alcalde quien tienen que decidir si quieren una granja de cerdos en su municipio. Es una cuestión que les compete a ellos”, ha dicho el consejero en Albacete.
Así, ha trasladado toda la responsabilidad a los consistorios y, más en concreto, a los presidentes de corporaciones municipales. “El alcalde tendrá que asumir el coste de promocionar una granja o no hacerlo y es una decisión que le compete al Ayuntamiento de manera exclusiva y que en ningún caso es competencia del Gobierno de Castilla-La Mancha”.
Martínez Arroyo ha recordado que desde el Gobierno regional “lo que hacemos es la Declaración de Impacto Ambiental que es siempre muy exigente” y desde donde se “imponen” unos requisitos al promotor del proyecto.
