El nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos autorizado ayer, sumado al visto bueno de la venta de ocho, más los restantes autorizados desde que Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español se hicieron cargo del gobierno de España -siempre trasvases máximos-, escenifica una política que más que continuista con la ejecutada por el Partido Popular, viene a plasmar toda una declaración de intenciones. Por un lado el trasvase es intocable, que ya lo han dicho desde el propio presidente hasta su director general del Agua. Y por otro, que Castilla-La Mancha sigue sin pintar nada en la política nacional,más allá de que Pedro Sánchez le siga cobrando facturas pendientes a Emiliano García-Page donde más duele, en el Tajo.
A estas alturas ha quedado demostrado técnica, económica, ambiental, social y en todos los mentes que se quieran añadir, que el trasvase Tajo-Segura es insostenible, que el Tajo está muerto y que la gestión de la cabecera es aberrante. Eso ya se da por descontado, más allá de los informes a la carta elaborados por el propio gobierno de España que vienen a apuntalar una ruina, y que sólo se sostienen ignorando la realidad. El trasvase sigue funcionando porque en la balanza prima el interés -de todo tipo- del territorio receptor, frente a los derechos del expoliado.
Castilla-La Mancha ha agotado su estrategia con el Tajo y con la defensa de sus intereses en todos los ríos. Una estrategia fracasada en el Tajo, donde ya sólo queda patalear y llevar a los tribunales recurso tras recurso, recursos que se acaban perdiendo porque la ley está hecha de molde para que encajen trasvases y una gestión draconiana de la cabecera; y que ampara la inexistencia de caudales ecológicos en el tramo medio del río, incluidos Toledo y Aranjuez, incluso con caudales inferiores al metro cúbico por segundo en La Puebla de Montalbán. Y una estrategia fracasada en la defensa de los intereses en el Júcar, río “valenciano” sometido a una demarcación hidrográfica inadmisible; o en el Guadiana, cuya cabecera esquilmada permanece década tras década en el olvido pese a soportar uno de los mayores desastres ambientales de nuestro país. Y qué decir del Segura, tomado literalmente por Murcia, esquilmando acuíferos, con pozos privados a la carta para cubrir decretos de sequía políticos.
Difícil de entender es la política de aguas del gobierno regional. Con las competencias teóricamente en manos de la consejería de Fomento, la de Agricultura come el terreno, se afana en tomar la bandera, vender un pacto a imagen y semejanza de los murcianos, y hacer guiños a los regantes manchegos para intentar mantener el caladero de votos. En todo caso es una política tan agotada como fracasada, que no ha sido capaz de marcar una directriz diáfana, unificar criterios, y lo que es más importante, mellar el monolitismo y desprecio de los diferentes gobiernos nacionales.
Es hora -lo fue hace mucho tiempo- de cambiar de estrategia. Las plataformas ciudadanas -ninguneadas por los diferentes gobiernos regionales debido a la imposibilidad de manejarlas- han llegado muy lejos, marcando la hoja de ruta y los tiempos. Pero políticamente no hay consistencia. Castilla-La Mancha precisa una consejería específica para defender sus intereses en las cinco grandes cuencas hidrográficas ubicadas en su territorio: Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Segura y Tajo. Precisa recursos, organización, directriz política y encaje real con la sociedad. Pero también necesita una demostración de fuerza. Quizá haya que ir a Madrid de una vez por todas. Pero todos, no sólo los del Tajo. Porque el trasvase y el deterioro del Tajo constituyen el mayor agravio, el más conocido; pero ahí está el Júcar, la seca de las fuentes del Segura, y los pozos a la carta para los regantes murcianos. El Guadiana olvidado… Hay mucho que decir. Y ha llegado el momento de ir de verdad a por ello. El resto es seguir perdiendo el tiempo.
