El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado que la comisión de explotación del acueducto Tajo-Segura haya autorizado una derivación de 7,5 hectómetros cúbicos para noviembre -exclusivamente para consumo humano- cuando podría haber aprobado 20, pero ha advertido de que no se conforma y pide cambiar las reglas de explotación.
El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha valorado el “cambio de posición” del Gobierno de España sobre este tema y ha dicho que Castilla-La Mancha “es una región solidaria que nunca se ha negado a que se trasvase agua para consumo humano”, pero ha insistido en que “no se puede sostener el planteamiento de una derivación permanente desde la cabecera del Tajo para los regadíos del Levante”.
Ha confiado, además, en que este planteamiento “vaya a más” y se traduzca en la puesta en marcha al cien por cien de las desaladoras, para “comprobar que el Levante español puede ser autosuficiente con un agua que tiene a escasos metros, como es la del Mediterráneo”.
Martínez Guijarro ha considerado que, con esta decisión, por primera vez, el Gobierno de España “corrija” la dirección ha mantenido desde hace años, pero ha advertido de que el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha descartado recurrir este trasvase pues “hay que analizarlo jurídicamente para ver cuál es el cumplimiento de todas las reglas de explotación”.
Por su parte, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, responsable de la materia en el Ejecutivo castellanomanchego, también ha celebrado que el trasvase autorizado sea de 7,5 hectómetros cuando podría haber sido de 20, si bien ha admitido de que el Ejecutivo castellanomanchego “tenía la esperanza” de que este mes no se autorizara ninguno.
Las desaladoras
En este sentido, ha señalado que esta derivación se ha autorizado el día 20 del mes y ha añadido que en las últimas semanas ha llovido de manera abundante en el Levante, donde “los campos están anegados de agua”, por lo que ha querido trasladar su solidaridad ante los desperfectos sufridos.
García Élez ha resaltado que la postura del Gobierno regional sigue consistiendo en que las desaladoras del Levante se pongan a funcionar a pleno rendimiento, pues ha señalado que en la actualidad hay algunas paradas, y en que se cambien las normas de explotación del trasvase, ya que a su modo de ver el memorándum que regula el Tajo-Segura es “el enemigo número 1 del Tajo”.
También ha pedido que se instalen estaciones de aforo en los puntos donde se pueda medir el caudal del río con mayor exactitud y que se controle no solo la cantidad sino también la calidad del agua, ya que ha denunciado que en el Tajo medio, las aguas bajan muy contaminadas por la incorporación del Jarama.
En cambio, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José García Molina, se ha mostrado en contra del último trasvase Tajo-Segura aprobado por el Ejecutivo central, ya que, a su juicio, con ello se sigue fomentando “hacer del agua un negocio, una mercancía”.
El también secretario general de Podemos en la región ha hecho un llamamiento a aprovechar mejor las desaladoras y los acuíferos y a que estas infraestructuras se gestionen de manera pública y de forma medioambientalmente sostenible.
También ha demandado un acuerdo nacional sobre el agua para terminar con los trasvases y con los enfrentamientos entre comunidades por la gestión de los recursos hídricos.
