viernes, 29 marzo 2024
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Castilla-La Mancha aboga por un Pacto de Estado para atajar la despoblación

La consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, informa de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno, en el Palacio de Fuensalida. (Foto: José Ramón Márquez // JCCM)

La portavoz del Gobierno regional y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, ha abogado por un Pacto de Estado “serio” para atajar el problema de la despoblación que incluya a todas las comunidades autónomas y que aborde la solidaridad y la financiación.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa para informar del primer Consejo de Gobierno de esta legislatura, Fernández ha defendido que el Ejecutivo castellanomanchego ya incluyó medidas en los últimos cuatro años en el marco de los presupuestos y a través de convocatorias públicas en las que se aplicaba el criterio de Inversión Territorial Integrada (ITI) para favorecer a las zonas prioritarias que establecía la normativa.

Por tanto, ha resaltado que el Gobierno regional está trabajando “desde hace años” en materia de despoblación, al tiempo que ha lamentado que este asunto se haya “puesto de moda” en las últimas elecciones generales por la importancia de los diputados de algunas provincias que se jugaban los partidos y que estos hayan hablado ahora de despoblación, a su juicio, “de manera interesada”.

Los servicios públicos

En cualquier caso, ha reconocido que se trata de un problema que preocupa “a todos” y ha reiterado que para afrontarlo es necesario un Pacto de Estado que establezca “cómo hacer sostenibles los servicios públicos donde son más caros”.

Asimismo, ha indicado que dicho pacto debe captar fondos europeos y marcar unas “líneas maestras estratégicas y coherentes” en todo el territorio nacional afectado por el mismo fenómeno, así como sobre todo hablar de financiación con todas las regiones y con el Gobierno de España.

Por su parte, ha asegurado que Castilla-La Mancha seguirá materializando su aportación como hasta ahora en los presupuestos regionales, con la Ley de Zonas Prioritarias y “dando ese trato positivo a las personas que viven en zonas rurales”.

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