Los sindicatos CCOO y UGT, y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), FACUA y la Confederación de Asociaciones Vecinales y Consumidores (CAVE) han reclamado a la Junta de Castilla-La Mancha que cumpla la norma legal que obliga a disponer de al menos una persona en la estaciones de servicio.
En atención a los periodistas este viernes en Toledo, las cinco organizaciones han registrado un escrito para pedir una reunión con el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, al objeto de que se detenga la proliferación de estaciones de servicio sin atención de personal que va en contra de la norma que data de 2005 y obliga a que cada instalación cuente con al menos un empleado.
Y ello, como han expresado los responsables regionales de Industria de CCOO CLM, Ángel León, y de UGT CLM, Carlos Duque, y la técnica jurídica del CERMI CLM, Marcelina de la Vega, en defensa de la seguridad, por el empleo, los derechos de los consumidores y la protección de las personas con discapacidad.
Sobre esa proliferación de estaciones desatendidas, Ángel León ha detallado que desde 2014 se han autorizado 329 nuevos centros de suministro de carburante sin atención humana -una tercera parte en la provincia de Toledo-, que representa un aumento del 36 % en los últimos cinco años, y que deberían haber generado 1.645 empleos y un enriquecimiento de más de 30 millones de euros de la economía regional.
Un incremento, según León, que “ha provocado una competencia desleal” entre los propios empresarios del sector y, por ello, “una gran preocupación” ante el incumplimiento de la normativa regional, que es obligatoria también a nivel nacional y de la propia Unión Europea (UE).
Una problemática que crea aún más “inquietud” por el nuevo Decreto que estudia implantar el Ejecutivo regional y que se modificaría “a peor” al no contemplar que sea de obligado que “haya una persona, como mínimo, en cada estación de servicio”.
Multas y personal
Y, ha zanjado, como el “avanzado” Real Decreto de 2005 observa sanciones mínimas “y queremos que en la nueva ley se incrementen las multas” porque “los empresarios prefieren pagar las multas, 300 euros, al ser más rentable que contratar a personal”.
Carlos Duque ha añadido que la “gran preocupación” se visualiza en “la seguridad, el servicio a la ciudadanía, en especial a las personas con discapacidad y a los mayores, y como los pueblos y ciudades están más desasistidos”.
Para el secretario general de UGT CLM, otro problema importante “es la prioridad que dan los gobiernos a la libre competencia, con la que estoy de acuerdo, pero siempre que sea en igualdad de condiciones para todos, empresarios y usuarios, que tampoco es el caso con los desempleados, por ello que se legisle en condiciones igualitarias para todos”.
En este contexto, Marcelina de la Vega ha reforzado que la “prioridad” del CERMI es “garantizar y luchar por la igualdad de derechos y acceso a los servicios” porque “las estaciones desatendidas limitan muchísimo” las opciones de las personas con discapacidad para ejercer “la libertad de movimientos”.
Y más aún, ha resuelto la jurídica del CERMI, “cuando hablamos de una Castilla-La Mancha despoblada y de que el porcentaje de personas con discapacidad que viven en el medio rural cada vez es mayor y ven muy limitadas sus posibilidades de acceso al empleo en igualdad de condiciones al resto”.
De la Vega ha concluido que “han pasado casi dos años” y no se cumple con el Decreto de 4 de diciembre de 2017 que “obligaba a todas las administraciones públicas a garantizar el acceso a los productos, bienes y servicios para todas las personas, sin ninguna limitación ni restricción”.
