Un jurado popular juzgará en Toledo, a partir de este lunes 21, y previsiblemente hasta el jueves, a un guardia civil acusado de un delito de cohecho, por pedir 300 euros a un solicitante de licencia de armas, y otro de falsedad documental para el que el fiscal pide nueve años y medio de prisión y la inhabilitación durante 15 años y dos meses.
En el escrito de acusación consultado por Efe, el fiscal también solicita una pena de un año y seis meses de cárcel para el solicitante de las licencias por haber accedido a pagar sabedor de que el coste de cada una de las licencias era de 10,68 euros y, por tanto, para obtener un trato de favor.
Según las conclusiones provisionales del escrito del fiscal dirigido a la Sección Primera de la Audiencia provincial de Toledo, uno de los acusados contactó con el otro acusado, guardia civil con destino en el Equipo de Inspección de la Investigación de Armas y Explosivos de la Segunda Zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, con la intención de renovar las licencias de armas tipo D y E.
Los hechos tuvieron lugar en abril de 2010, en el despacho del guardia civil procesado en el que extendió de forma irregular una cartulina de autorización temporal para uso de armas en un soporte que se dejó de expedir de forma definitiva a mediados de 2008.
Tres meses después volvió a extender una nueva cartulina de formato idéntico, en esta ocasión con un sello estampado correspondiente a la oficina del Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos de la Segunda Zona de la Guardia Civil y no los usados por la oficina de la Intervención de Armas y Explosivos.
Trescientos euros
Para la expedición de estas dos autorizaciones temporales, el agente pidió al solicitante 300 euros que éste le entregó en el primer encuentro en el despacho, pese a que el valor de las tasas para la renovación de cada una de las licencias era mucho menor, de lo cual era conocedor porque las había gestionado en ocasiones anteriores.
Por ello, el fiscal ha considerado que lo hizo con el objetivo de conseguir un trato de favor para la agilización del proceso de renovación y lo ha acusado de un delito de cohecho propio activo por el que pide un año y medio de prisión y una multa de 299 euros.
Sin embargo, ha acusado al guardia civil de un delito de cohecho propio pasivo y, paralelamente, de un delito continuado de falsedad en documento oficial por lo cuales pide 4 años y 5 años y medio de prisión, respectivamente.
También ha solicitado una multa de 600 euros por el cohecho pasivo y otra de una cuota diaria de 12 euros durante 20 meses por el delito de falsedad documental, así como la inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante 9 años y seis meses y cinco años y ocho meses por cada delito, lo que hace un total de 15 años y dos meses de inhabilitación.
Además, el fiscal ha incluido en su escrito de acusación que una vez conocida la sentencia que ponga fin a este procedimiento se notifique a la asesoría jurídica de la Guardia Civil para que lo pueda tener en cuenta en relación al procedimiento disciplinario incoado al acusado.
