El Gobierno de Castilla-La Mancha y las cinco diputaciones provinciales de la región han firmado este viernes los convenios que rubrican la aportación de ambas administraciones para la financiación del Plan de Empleo 2019, que cuenta con una cuantía de cerca de 52 millones de euros para contratar a alrededor de 8.000 personas desempleadas de larga duración de toda Castilla-La Mancha.
En presencia del presidente regional, Emiliano García-Page, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y los presidentes de las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha han sido los encargados de firmar estos convenios, aprobados ayer por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional y ratificados también por las corporaciones provinciales en sus respectivos órganos.
En la firma han participado Santiago Cabañero, presidente de la Diputación de Albacete; José Manuel Caballero, presidente de la Diputación de Ciudad Real; Álvaro Martínez, presidente de la Diputación de Cuenca; José Luis Vega, presidente de la Diputación de Guadalajara; y Álvaro Gutiérrez, presidente de la Diputación de Toledo.
Los acuerdos definen el reparto de la financiación que se pone a disposición de ayuntamientos para contratar a personas desempleadas de larga duración en sus municipios y ámbitos de actuación.
En esta edición del Plan de Empleo se recupera como novedad la participación de las cinco diputaciones provinciales, un hecho que ha destacado la titular de Economía, Empresas y Empleo, que ha agradecido a las instituciones el apoyo para una iniciativa que suma 80.000 beneficiarios desde su puesta en marcha, y que, en esta línea, la de la colaboración con entidades locales y diputaciones, ha alcanzado los 38.000 personas beneficiarias desempleadas de larga duración gracias a una inversión de cerca de 220 millones de euros.
“La línea a seguir”
“Esta es la línea a seguir”, ha asegurado la consejera de Economía, Empresa y Empleo, que ha remarcado la “fuerte inversión” realizada por el Ejecutivo autonómico desde la recuperación y puesta de nuevo en marcha de los planes de empleo regionales.
El Gobierno regional y las diputaciones provinciales colaboran para la financiación de los contratos que se van a realizar a través de las administraciones locales, asumiendo el Ejecutivo autonómico el 53 por ciento del importe y el 47 por ciento restante las corporaciones provinciales.
Así, en la provincia de Albacete, la Junta de Comunidades aporta 5,34 millones de euros y 4,73 millones la Diputación provincial, para impulsar 1.537 contrataciones; en Ciudad Real, el Gobierno regional aporta 7,47 millones de euros y 6,66 millones la Diputación provincial, para un total de 2.072 contrataciones; en Cuenca, la aportación del Ejecutivo autonómico asciende a 1,98 millones de euros y la de la Diputación a 1,75 millones, para impulsar 495 contrataciones de personas desempleadas de larga duración. En la provincia de Guadalajara, la Junta de Comunidades aporta 2,33 millones de euros y la Diputación 2,06 millones para subvencionar hasta 660 contrataciones; y en Toledo, para el total de 2.725 contratos, el Gobierno de Emiliano García-Page aporta 9,58 millones de euros y la institución provincial 8,49 millones.
A estas estimaciones hay que añadir el incremento del 20 por ciento previsto para aquellas cuantías destinadas a fomentar las contrataciones en las zonas ITI y en las Zonas Prioritarias.
De esta forma, el Plan de Empleo 2019 pone a disposición de las entidades locales 50,4 millones de euros que servirán para impulsar cerca de 7.500 contratos para personas desempleadas de larga duración por parte de los ayuntamientos, a los que hay que sumar los 240 contratos que se realizarán a través de entidades sin ánimo de lucro y que se subvencionan en su totalidad con fondos del Gobierno regional, con una cuantía de 1,51 millones de euros. El montante total del Plan de Empleo 2019 es de 51,94 millones de euros.
La firma de los convenios ha coincidido este viernes con la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la convocatoria del Plan de Empleo 2019, publicación que marca finalmente los plazos para la tramitación de las solicitudes por parte de los ayuntamientos y las entidades sin ánimo de lucro, fijando el inicio del mismo a partir del lunes y hasta el próximo 18 de noviembre.
