La Policía Nacional ha destapado un fraude de 3,5 millones de euros a la Seguridad Social en prostíbulos de Badajoz, Cáceres, Salamanca, Toledo y Valencia y ha detenido a cuatro implicados en un amplio entramado con empresas pantalla e incluso “autoalquileres” de edificios.
Según ha informado este miércoles la Dirección General de la Policía, la denominada operación Venus comenzó a principios de este año y además de los cuatro detenidos hay dos investigados por defraudar a la Seguridad Social.
La Policía recibió varias denuncias y determinó que un grupo se dedicaba a eludir ese pago, creando sucesiones empresariales en las que las sociedades deudoras eran cerradas sin los trámites legales oportunos.
Luego eran sucedidas por sociedades que estaban listas para ser puestas en marcha rápidamente libres de cargas, y en algunos casos usaban empresas pantalla que ocultaban los beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas.
Los seis implicados son presuntamente los administradores de hecho de las empresas, pero también varios familiares que estaban desarrollando la función de administradores como testaferros.
Se les imputaron delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones) y frustración de la ejecución.
El entramado societario mantuvo siempre inalterado el nombre comercial de su producto y ofrecía una “marca” que resultaba inconfundible para sus clientes, a pesar de que sus mercantiles cambiaron de nombre en multitud de ocasiones, ha detallado la Policía.
En esta sucesión empresarial opaca dedicada a la explotación de un club de alterne en Toledo participaron seis empresas principales ayudadas por, al menos, otras dos secundarias.
Un total de 86 trabajadores coincidían en más de una de las empresas implicadas y la deuda acumulada con la Seguridad Social era de más de 1,3 millones de euros.
Dinero en metálico
El uso del dinero en metálico era la norma en las empresas investigadas, que también pagaban a los trabajadores de esta forma y utilizaban este mismo método con sus proveedores.
Los distribuidores servían a petición de su cliente semanalmente con el único fin de que sus facturas nunca superasen los 2.500 euros, consiguiendo de esta forma evitar tener que hacer transferencias, según señala la normativa.
Las recepcionistas de los prostíbulos controlaban entre 1.500 y 4.000 euros por cada uno de los dos turnos del día durante toda la semana y funcionaban como si de un cajero automático se tratara.
La forma de hacer el intercambio era sencilla y efectiva, según los investigadores: los clientes tenían que hacer un pago previo al local con su tarjeta de crédito, normalmente comprando tiques que se conseguían en las máquinas expendedoras, con los que supuestamente adquirían servicios como sábanas o productos de limpieza.
El jefe de una de las tramas era el apoderado de las empresas instrumentales -creadas para eludir el pago de impuestos-, que controlaba a través de su mujer y su hijo, a quienes había puesto a su mando ficticio en calidad de testaferros en diferentes periodos temporales.
Una de estas sociedades, radicada en Salamanca, se dedicaba aparentemente al alquiler de equipos para cultivos, si bien los trabajadores dados de alta se dedicaban en su mayoría a cuidar animales.
Esa sociedad se “autoalquilaba” un edificio en Toledo en el que se desarrollaba la actividad de alterne por cuantías anuales, con el resultado de un beneficio de cinco millones de euros en ocho años.
La Policía también descubrió que una trabajadora de una de las empresas investigadas estuvo durante quince años realizando labores de limpieza en las casas particulares del principal investigado y en las de sus familiares.
Desarrollaba su trabajo de lunes a domingo de manera ininterrumpida y sin descanso alguno, una tarea que distaba mucho de la supuesta labor de la sociedad, que figuraba como empresa explotadora de maquinaria del campo.
