La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado el Plan de Inspección del Juego de Castilla-La Mancha 2020-2021, que se configura como un instrumento eficaz para garantizar el cumplimiento de la normativa de juego en la región y reforzar el control sobre esta actividad, salvaguardando el interés general y protegiendo a los colectivos más vulnerables como menores, prohibidos judicialmente y auto prohibidos.
La directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor, ha mantenido esta semana un encuentro con el jefe superior de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha, Félix Antolín Diego, al que ha hecho entrega de este plan de inspección, que tiene una vigencia de dos años, pudiéndose prorrogar un año más.
En el plan se recogen las bases para la colaboración que en materia de organización y funcionamiento de la inspección y control de las actividades relacionadas con el juego y las apuestas han de mantener los inspectores habilitados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Este plan nace de la necesidad de supervisar y controlar que la actividad del juego se ajusta plenamente a la normativa existente en la región, para evitar incumplimientos que supongan que esta industria no se desarrolle de forma responsable y segura.
Garantizar la protección de los colectivos más vulnerables, sobre todo menores de edad; supervisar el ejercicio de esta actividad, en especial, de los locales de juego; detectar actividades de juego ilegal y unificar criterios ante las mismas situaciones de la actividad empresarial son los principales objetivos de este plan, que centrará la actividad inspectora sobre las empresas, locales y material de juego, así como sobre otras actividades relacionadas con el juego y las apuestas.
Dada la creciente preocupación social por la repercusión negativa que en ciertos colectivos como menores de edad o personas con problemas de adicción puede tener esta actividad, en este plan se considera prioritario garantizar que los establecimientos de juegos autorizados cumplan con la obligación legal de control de entrada para evitar el acceso a todas aquellas personas que lo tienen prohibido.
Otra cuestión fundamental será vigilar el cumplimiento de los horarios de funcionamiento de estos locales para impedir el ejercicio de su actividad fuera de las horas autorizadas.
En este sentido, cabe destacar que la labor inspectora contribuye al ejercicio de un juego seguro y responsable, dado que permite aflorar las infracciones que se produzcan y adoptar las correspondientes medidas correctoras para que estos incumplimientos no se prolonguen en el tiempo.
Reducir el número de infracciones es beneficioso para todos los actores implicados en esta actividad, en primer lugar, para el conjunto de los usuarios, ya que evita fraudes y conductas adictivas; en segundo término, para las propias empresas, que proyectan una imagen de cumplimiento de la regulación, y, finalmente, para la propia administración pública como garante de la seguridad del ejercicio de esta actividad empresarial.
