La Asociación de Municipios Ribereños ha denunciado ante la Organización Naciones Unidas (ONU) la situación del río Tajo y ha defendido su derecho al agua frente al “expolio trasvasista”.
El Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de la ONU, el doctor David Boyd, prepara un informe temático centrado en los derechos humanos y las obligaciones relacionadas con una biodiversidad y unos ecosistemas sanos, y los ribereños han respondido a la llamada enviando la información pertinente para denunciar la situación del Tajo y de sus embalses de cabecera.
“Si el Gobierno de España no actúa, acudiremos a quien tengamos que acudir, como ya hicimos con la Unión Europea (UE), proceso que sigue su trámite, para defender los intereses de nuestros municipios y del Tajo, patrimonio de todos los españoles y portugueses, de todos los europeos”, ha afirmado la presidenta, María de los Ángeles Sierra, que firma el documento preparado por el técnico de la ONU.
Un informe que tiene por objeto evidenciar la “mala implementación” que realiza España de la política de aguas, así como los incumplimientos tanto de la legislación nacional sobre Aguas, Medio Ambiente y protección de ecosistemas como de la que emana de los compromisos con la UE, ha añadido en la misma nota de prensa.
“Algo que ha producido un impacto importante en los municipios ribereños, privándoles del derecho a disfrutar de sus recursos naturales y de un medio ambiente saludable, provocando a su vez una pérdida del 20 por ciento de la población en los últimos diez años e impidiéndoles hacer uso del agua, incluso para abastecimiento humano”, ha justificado.
Los ribereños han considerado que los diferentes gobiernos han ignorado la situación de la cabecera del Tajo y de los embalses de Entrepeñas, Buendía y Bolarque, quedando supeditados a las exigencias de un trasvase para una cuenca hidrográfica externa y lejana.
Además, han recordado que el impacto ambiental es muy importante, tanto en los embalses de cabecera, que “se vacían recurrentemente para enviar los recursos almacenados a la costa mediterránea española”, como para el propio río y las ciudades que se sitúan aguas abajo.
Y no han olvidado tampoco “el daño que los cultivos intensivos sobre roturaciones, en muchos casos ilegales, están produciendo en la cuenca receptora, como puede observarse en el estado actual del Mar Menor, a punto de un nuevo colapso”, han incidido.
Esto es así, han denunciado, porque “nunca ha habido un cambio de actitud real del Estado para solventar la problemática. Al contrario, ha legislado para mantener la situación”, han lamentado.
Por ello, han defendido la necesidad de consolidar “una lámina de agua estable y adecuada en los embalses, que permita el mantenimiento de los ecosistemas y, a su vez, el desarrollo de las posibilidades endógenas de las localidades y pobladores de sus orillas”.
“Los ribereños queremos disponer de los recursos naturales, ahora expoliados y maltratados”, que han considerado “básico” para asentar población por lo que han demandado ante la ONU “el cierre inminente” del Trasvase Tajo-Segura, una petición que han confiado “sea escuchada”.
Una vez que la información ha sido recibida por el organismo internacional, la asociación ha creído que “en otoño de este mismo año podría iniciarse el proceso” para que “nuestra voz” sea escuchada en la sede de las Naciones Unidas.
