La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional va a garantizar las pruebas diagnósticas a los casi 16 profesionales de los casi 400 centros residenciales de Castilla-La Mancha.
Sánchez está convencida de que “proteger a los profesionales es proteger a los residentes”, y en este sentido ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a todos los centros residenciales públicos y privados de la comunidad.
Así lo ha afirmado la titular regional de Bienestar Social al término de la reunión que ha mantenido esta mañana, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con los responsables de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), que en estos momentos gestiona casi un centenar de centros residenciales en la región.
En declaraciones a los medios, Sánchez ha explicado que, desde la Consejería de Sanidad en colaboración con la de Bienestar Social, se están haciendo las pruebas diagnósticas a todos los profesionales de los centros residenciales, pero ahora, “precisamente, se da el pistoletazo de salida de este protocolo para que el Gobierno garantice las pruebas diagnósticas a todos los profesionales que vuelvan de vacaciones o se incorporen para hacer sustituciones”.
La consejera ha indicado también que, en la reunión de hoy, el presidente regional ha querido mostrar el agradecimiento y apoyo de la Junta a todo el sector residencial por todo el trabajo que están haciendo a lo largo de esta pandemia.
“Trabajar, tratar, cuidar a personas mayores con esta cruel pandemia que estamos viviendo realmente ha sido de héroes y heroínas y, por eso, se le ha querido trasladar a todos los profesionales el apoyo por el trabajo que están realizando”, ha indicado Sánchez.
Medidas en el sector durante la pandemia
En este contexto, ha recordado las medidas que, desde el Ejecutivo autonómico, se han puesto en marcha a lo largo de estos meses para apoyar a los centros residenciales, entre las que ha destacado una convocatoria económica de ayudas extraordinarias Covid de 2 millones de euros, a la que ya han accedido casi 300 centros, así como la Bolsa de Trabajo Social, para que, “en los momentos más delicados de la crisis sanitaria”, los centros pudieran tener el personal sanitario o de otra índole que necesitaban”, y el Plan de Inspección Extraordinario, que ha contribuido a mejorar la calidad en la gestión de todos los centros residenciales.
Dicho esto, la titular regional de Bienestar Social ha indicado que “se ha hecho mucho, pero todavía queda mucho por hacer” , ha subrayado que, en este momento, “lo más importante es la protección” y, de ahí, la oportunidad de este protocolo de colaboración de Sanidad y Bienestar Social para proteger a los profesionales de las residencias, “porque proteger a los profesionales es proteger a los residentes, a las personas mayores”, ha aseverado.
Falta de personal y plazas vacantes
Por su parte, el presidente de Artecam, Francisco Núñez Alía, ha agradecido al Gobierno regional esta reunión, que ha calificado de “muy fructífera” y en la que han planteado al presidente regional y a la consejera de Bienestar su “preocupación” por la falta de profesionales en este sector, desde auxiliares hasta médicos y enfermeras, un problema que ha reconocido que no es sólo de esta región, sino de toda España.
También ha expresado su preocupación por las plazas vacías en las residencias, a lo que la consejera ha respondido que, durante los meses de julio y agosto, se han incorporado casi mil personas a plazas vacantes que había, lo que ha considerado un dato positivo, así como el hecho de que, a día de hoy, la afectación en las residencias es asintomática, lo que ha considerado “un buen resultado, gracias a lo aprendido”, y ha enfatizado que la mayoría de los afectados en residencias “están superando este virus y están saliendo adelante”.
Además, Núñez Alía ha indicado que a la patronal de las residencias de la región le preocupa también, desde el punto de vista económico, “el futuro de Castilla-La Mancha con la Ley de Dependencia”, dado que esta norma “estuvo muy bien pensada, pero nunca se la ha dotado”.
Y, en este punto, ha recalcado que “aquí es el Gobierno central el que se tiene que implicar con las autonomías para que la Ley de Dependencia sea sostenible en los centros de mayores”, ya que el precio por plaza pública “no cubre las necesidades para atender a nuestros mayores, como es debido y con la calidad que se merecen”.
Por otro lado, el responsable de Artecam ha valorado las pruebas PCR que se están haciendo a los profesionales de los centros residenciales porque garantizan una mayor protección, al permitirnos conocer si cuando vuelven de vacaciones o contratamos unos nuevos, están en buen estado de salud.
