Hace tan solo unos meses, España, Castilla-La Mancha y Talavera aplaudían en los balcones el duro trabajo, la profesionalidad e implicación del personal sanitario en la por entonces infernal lucha contra el Covid-19.
Ahora, la segunda ola de contagios y la sobrecarga del sistema sanitario han transformado aquellos reconocimientos en cuestionamientos e incluso rechazos por parte de algunos pacientes que, equivocada e injustamente, culpan a médicos y enfermeras del amago de colapso del susodicho sistema, carente de medios y profesionales para la normal y eficaz gestión de citas y consultas, especialmente durante la actual pandemia.
Este preocupante panorama, denunciado reiteradamente por los representantes del personal sanitario, está provocando la reaparición de una de las mayores lacras de la Sanidad: las agresiones a facultativos.
Agresividad que se ha visto amplificada con la aparición y multiplicación de los rebrotes, dado el aumento de las listas de espera, la incapacidad de atención presencial y la complicación de la gestión administrativa.
Incidente en Santa Olalla
En el Área Integrada de Talavera, sin ir más lejos, se vivió el pasado fin de semana un gravísimo incidente en el Punto de Atención del centro de salud de Santa Olalla, en el que una facultativa y una enfermera recibieron amenazas e intentos de agresión por parte de varios usuarios, causando también destrozos en el centro.
Un gravísimo incidente respecto al que Jorge Curiel, responsable regional de Salud Laboral del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha y delegado de prevención en el área sanitaria talaverana, traslada a Ahoraclm.com que “a pesar de la gravedad de la agresión sufrida por estas dos profesionales sanitarias, para más inri en estos tiempos de teórica defensa oficial de la mujer, y de los lamentos públicos por parte de la administración regional, no se ha hecho absolutamente nada.
Hasta el punto de que todavía no se han puesto en contacto conmigo, como delegado de prevención del Área, para entrevistarnos con las agredidas y hacer la pertinente evaluación de lo sucedido y de las condiciones en que estas profesionales están realizando su trabajo en un centro con antecedentes, por otra parte, en agresiones a sanitarios”.
Antecedentes en la región
Antecedentes recientes que también constan, en lo que a Castilla-La Mancha respecta, en el centro de salud del barrio toledano de Santa María de Benquerencia, en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete, en la atención a un parto en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y en el consultorio médico de Novés.
Incidentes respecto a los que Jorge Curiel asegura que “se conocen públicamente por su gravedad y repercusión, pero que son sólo una pequeña parte de los muchos episodios violentos que viven los trabajadores sanitarios, que en muchas ocasiones no declaran estas agresiones por el enrevesado laberinto burocrático que conlleva la presentación de una denuncia”.
Vías de denuncia
Al respecto, es menester saber que el personal sanitario tiene actualmente en Castilla-La Mancha dos vías para denunciar las agresiones sufridas: una comunicación de accidente de trabajo a través del procedimiento de investigación de incidentes establecido por el Sescam, que debe proceder por ley a su investigación, previa comunicación del incidente al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales; o a través del Plan Perseo, implantado por el Gobierno regional para resolver los conflictos entre trabajadores sanitarios o entre estos y los pacientes.
También existe un Observatorio de la Violencia para la prevención de agresiones al personal del Sescam, e incluso la posibilidad de alta voluntaria de los profesionales sanitarios en la aplicación móvil AlertCops, a través de la que pueden avisar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, en tiempo real, si están sufriendo algún tipo de violencia por parte de los pacientes o sus acompañantes.
Unos mecanismos que Jorge Curiel cuestiona por “actuar siempre a posteriori y estar inmersos en una larga burocracia de meses e incluso años o, en el caso de AlertCops, dejar en manos de los profesionales lo que no hace el propio Sescam, cuando lo que exigimos es prevención y protección efectiva a través de vigilantes jurados, que en Atención Primaria no existen, la instalación generalizada de botones de pánico y de habitaciones antipánico tanto en los centros de salud del área sanitaria como en el hospital”.
Datos en España
Mientras llegan o no estas medidas, por las que los sindicatos sanitarios luchan en gerencias, Inspección de Trabajo e incluso tribunales, lo que se puede constatar es el paulatino aumento de las agresiones a sanitarios en base a los episodios y números que se hacen públicos, aunque Curiel ponen en cuarentena estas cifras por “existir un claro ocultismo por parte de la administración y por contabilizarse tan sólo los casos más llamativos”.
No obstante, puede decirse que las agresiones a los profesionales sanitarios han crecido a lo largo de este año, marcado por el coronavirus, según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.
Según esta información, entre enero y agosto de 2019 se produjeron 378 agresiones a profesionales sanitarios, mientras que estas últimas han sido 446 en el mismo periodo del presente 2020, lo que supone dos agresiones a profesionales sanitarios cada día en España.
Cifras en Castilla-La Mancha
Por lo que atañe a Castilla-La Mancha, hay que remontarse a los datos ofrecidos por el Observatorio de la Violencia del Sescam, referidos al año pasado.
En los mismos, se constata que en nuestra región se produjeron a lo largo de 2019 un total de 424 incidentes agresivos, 252 en Atención Primaria, 170 en Atención Especializada y 2 en la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. De los 424 incidentes, 20 fueron de carácter físico, 390 verbales, 11 de carácter patrimonial y 3 por escrito.
Por volumen, el mayor número de incidentes en Atención Primaria a nivel regional se produjo en el Complejo Hospitalario de Toledo (98), contabilizándose en Talavera un total de 9.
En Atención Especializada, Toledo también está a la cabeza con 51 episodios violentos, registrándose 5 en Talavera y 6 en el Hospital Nacional de Parapléjicos.
Unas cifras, paulatinamente engordando en 2020, que preocupan y alarman a una plantilla sanitaria que, a través de sus representantes sindicales, anuncian movilizaciones; aunque, tal y como asegura a este digital Jorge Curiel, “ahora no es momento, dada la actual crisis pandémica. Nuestras acciones, a diferencia de los políticos, serán siempre responsables y sin perjudicar a los usuarios del sistema de salud pública, mucho menos en estos delicados momentos y a pesar de nuestra sobrecarga de trabajo y absoluta falta de seguridad”.
