Las Cortes de Castilla-La Mancha han debatido este jueves la toma en consideración de la Proposición de Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA), presentada por los grupos parlamentarios socialista y Ciudadanos (Cs), que será aprobada con acuerdo unánime para que pueda iniciarse la tramitación.
Los dos grupos proponentes han destacado que esta normativa es fruto del Pacto por la Reconstrucción firmado entre el Gobierno regional, PSOE y Cs y han resaltado que responderá a demandas históricas de los actores en materia de ordenación del territorio y urbanismo, mientras que el PP ha avanzado que votará a favor porque “la partitura es buena ya que el sector ha aportado muchas de las notas”.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha agradecido el consenso político de Cs y PSOE y la colaboración de la sociedad civil, así como la voluntad de apoyo del PP, y ha subrayado que la Ley SUMA pretende fomentar el crecimiento económico de la región, sobre todo de los municipios más pequeños, y que “sienta las bases de un nuevo modelo de urbanismo” para la comunidad autónoma.
Asimismo, ha indicado que pretende implantar los objetivos de la Agenda 2030 y de las agendas urbanas europea y española, ordenar el territorio con un uso racional del suelo, evitar la dispersión, prevenir efectos del cambio climático, hacer una gestión sostenible de los recursos, favorecer la economía circular, fomentar la cohesión social e igualdad de oportunidades, liderar y fomentar la innovación digital y mejorar la cogobernanza.
Hernando ha hecho hincapié en que la Ley SUMA plantea más de 60 “innovaciones” o medidas encaminadas a impulsar una mayor dinamización de la economía, a reactivar solares paralizados y una mayor oferta de vivienda asequible y a abordar el reto demográfico.
De las 60 medidas, ha resaltado la puesta en marcha de la comunicación previa y la declaración responsable, con silencio administrativo positivo, la autorización para obras de carácter provisional y desmontables, la flexibilidad en la normativa de uso dotacional, la reconversión de suelos o promociones de vivienda protegida para vivienda libre más asequible, la exención de la obligación de reserva para vivienda protegida para pequeños municipios, y el aumento del aprovechamiento para sumar a la eficiencia energética.
También ha destacado la nueva definición del núcleo rural tradicional para “resolver un limbo urbanístico”, la modificación de la fiscalidad para aminorar la de pequeños municipios ante la instalación de proyectos inversores y, entre otras medidas, la simplificación del urbanismo en el medio rural con la habilitación a colegios oficiales y diputaciones para elaborar los informes preceptivos para las licencias.
En la misma línea, la diputada regional del PSOE María Isabel Sánchez ha señalado que las “innovaciones urbanísticas” que contempla la Ley SUMA se ajustan “a lo que demanda la ciudadanía del siglo XXI” y se adapta a la realidad de cada municipio así como facilita las inversiones productivas en las zonas más afectadas por la despoblación.
Sánchez ha agregado que la tramitación de este tipo de normativas es la que da sentido a la labor de los políticos, algo que en lo que ha coincidido el parlamentario de la formación naranja Alejandro Ruiz, quien ha considerado que es “un día para estar orgullosos de ser político” por la oportunidad de impulsar una normativa que recoge reivindicaciones que hace años ha hecho el sector para acabar con “una cantidad de trabas que suponían un laberinto administrativo”.
Según Ruiz, estas reclamaciones históricas “se han visto reflejadas en esta Ley” y ha augurado que será con el paso de los años cuando se vean los beneficios y ventajas que supondrá su puesta en marcha.
Sin embargo, el diputado regional del PP Miguel Ángel Rodríguez ha ironizado con que tanto el Gobierno regional como PSOE y Cs han presentado esta proposición de Ley como si hubieran “encontrado la panacea para todos los males de la región”, así como se ha preguntado “cómo hemos podido vivir tantos años sin esta Ley SUMA” o por qué el Ejecutivo socialista ha esperado cinco años para atender las peticiones de los operadores urbanísticos.
No obstante, Rodríguez ha aseverado que esta Ley “nace por las presiones razonables del propio sector” y, por ello, el grupo popular vota a favor de su toma en su consideración y se suma al “consenso” solicitado por los proponentes y el propio Ejecutivo autonómico, si bien pretende mejorarla en la tramitación parlamentaria.
“La partitura es buena, habrá que ver cómo la tocan, y nos gusta porque sabemos que el sector ha aportado muchas de esas notas”, ha sentenciado.
Con todo, ha apuntado que la Ley SUMA modifica la Ley de proyectos prioritarios “aprobada hace cuatro días”, por lo que ha acusado al Gobierno regional de falta de previsión, al tiempo que ha instado a “darle una vuelta a los múltiples reglamentos” en el ámbito urbanístico que hay en la región, y ha lamentado que se haya presentado como proposición de Ley y no como proyecto de Ley porque ello supone evitar al Consejo Consultivo.
