El juicio contra la exalcaldesa de Corral de Almaguer (Toledo), Juliana Fernández de la Cueva, acusada de un delito continuado de prevaricación administrativa, se ha suspendido por segunda vez, tras suscitarse dudas sobre si los expedientes sancionadores que dieron origen a este procedimiento estaban o no debidamente incorporados a la causa.
La que fuera alcaldesa de este municipio toledano en 2013, momento en el que se produjeron los hechos, y el entonces teniente de alcalde, Vicente González, están acusados de admitir alegaciones de varios conductores denunciados para, después de pagar el 50 por ciento de la sanción económica, no perder los puntos del carné de conducir.
La fiscal les ha acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa y para ambos ha pedido una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El juicio se ha reanudado este martes en la Audiencia de Toledo, después de suspenderse el 14 de enero, tras ser aceptada la petición de su defensa para solicitar pruebas al Ayuntamiento sobre el acceso a los expedientes de las multas.
A preguntas de la fiscal, Fernández de la Cueva ha asegurado que, dado el volumen de documentación que tenía que firmar diariamente, “nunca, jamás miraba los expedientes, sólo las resoluciones” y que confiaba en que cuando llegaban a ella, “todo había pasado por los filtros de los trabajadores municipales y de la asesora jurídica”.
Una hora y cuarto después
Sin embargo, la vista oral se ha suspendido apenas una hora y cuarto después de comenzar, con dos recesos incluidos para la deliberación de los magistrados, tras suscitarse dudas acerca de si los expedientes que dieron origen a este procedimiento estaban o no debidamente incorporados a la causa.
El presidente del tribunal, Rafael Cáncer, ha suspendido el juicio, sin fecha para su reanudación, “para garantizar los derechos fundamentales” de los acusados y comprobar si se dio traslado de toda la documentación del expediente en la fase de instrucción o en la intermedia, así como tomar una decisión acerca de la incorporación o no de dichos documentos.
Una decisión ante la que la Fiscalía se ha mostrado “conforme”, pero ante la que los abogados de la defensa han hecho constar su protesta.
Al término de la vista, el abogado de la exalcaldesa, Juan Justo, ha remarcado, a preguntas de los periodistas, que el juicio se ha suspendido porque “se han suscitado dudas” sobre si los expedientes sancionadores que dieron origen a este procedimiento “estaban o no debidamente incorporados a las actuaciones”.
Y ha opinado que “no había motivos para la suspensión del juicio oral desde el punto de vista legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” y que, por tanto, “la decisión no ha sido adecuada”, aunque ha añadido que la respeta.
“La causa se nos dio con un número de folios donde no constaban determinadas actuaciones”, ha continuado el letrado, para quien “solo hay en este juicio la documentación de la que se nos dio traslado, no otra”, en referencia a anexos a esos expedientes.
