La nueva consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Bárbara García, ha reconocido este miércoles que el modelo residencial de la región precisa evolucionar y modernizarse para fortalecer la red de la comunidad autónoma.
Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes regionales para informar sobre su situación económica y patrimonial, de sus actividades previas y de su vinculación con el área encomendada, así como sobre la política a seguir por su departamento en la presente legislatura.
García ha indicado que en Castilla-La Mancha hay más de 390.000 personas mayores de 65 años, cuya cifra aumentará en los próximos años y que, pese a que el modelo residencial está “muy consolidado” con calidad de servicio en 343 residencias activas que cuentan con 27.000 plazas, es necesario que “evolucione”.
Este es uno de los retos que se ha marcado García en su nuevo cargo y en el marco general de “modernizar y consolidar” el sistema de servicios sociales y atención a la dependencia, en sintonía con los objetivos del Gobierno regional, el desarrollo social unido al económico, el desarrollo territorial, la lucha contra la despoblación y el cumplimiento de la Agenda 2030.
Para ello, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico “no va a escatimar ni en esfuerzos ni en movilización de recursos humanos y materiales” en pro de la recuperación social y económica que “la ciudadanía merece”.
Asimismo, García ha señalado como pautas generales de su acción política el mantenimiento del contacto y el diálogo “permanente” con todos los actores implicados en la gestión de la política social, el impulso de un modelo de bienestar social “avanzado” que “adapte, modernice, digitalice, evolucione y haga sostenible el sistema” y que tenga como “pilar fundamental” el desarrollo de la economía de los cuidados de larga duración para las personas mayores y dependientes, el refuerzo del sistema de dependencia y el desarrollo de sistemas y servicios de proximidad.
En este punto, ha indicado que Bienestar Social cuenta con un presupuesto de 843 millones para desarrollar estas políticas, que se ha incrementado en 87 millones este año 2021, y que permitirá absorber una inversión de 125 millones de fondos europeos para realizar inversiones en la modernización de infraestructuras, actualizar las estructuras normativas, impulsar una estrategia de servicios de proximidad y avanzar en la transformación digital hacia un sistema de información social.
García ha hecho hincapié en la estrategia de ordenación de recursos de proximidad para facilitar la permanencia de las personas en situación de dependencia en su entorno y con una atención más personalizada, a través de programas como el servicio de teleasistencia básica y avanzada, público y gratuito, destinado a mayores de 70 años y que llega a más de 55.000 personas.
También se ha referido al servicio de ayuda a domicilio, para el que hay firmados 690 convenios con ayuntamientos y un presupuesto de 43 millones incrementado en cinco millones más; al servicio de viviendas de mayores, en el que Castilla-La Mancha cuenta con la mayor red de España con 155 viviendas en funcionamiento que atienden a 1.600 personas mediante 600 profesionales; y al servicio de promoción de la autonomía personal (Sepap-MejoraT) con 4.465 plazas en 282 municipios y más de 400 profesionales.
Además, ha destacado nuevos programas como el Plan de Telecuidado Avanzado dotado de 12,5 millones, y otros proyectos como la mejora del modelo de atención a personas con discapacidad de la mano del movimiento asociativo, combatir la pobreza infantil con la renovación de la estrategia, e impulsar también la estrategia regional de cooperación social.
La nueva titular regional de Bienestar Social se ha puesto a disposición de toda la sociedad y ha manifestado que hay una “magnífica oportunidad de recuperación social y económica” para Castilla-La Mancha.
Su situación personal
Por otro lado, en relación a su situación personal y profesional ha precisado que cuenta con una vivienda al 50 por ciento con hipoteca, un vehículo de 10 años y que la última declaración de la renta le ha salido a devolver.
También ha subrayado que ha suscrito el código ético de los altos cargos, que no tiene ninguna incompatibilidad y que su última fuente de ingresos es de su desempeño como vicepresidenta tercera de la Diputación provincial de Guadalajara.
Con respecto a su trayectoria profesional privada, ha apuntado que es técnico superior en Educación Infantil, en cuyo ámbito ha trabajado durante casi 10 años, y ha remarcado que ser educadora le ha mostrado los desafíos a los que las familias se enfrentan diariamente, así como ser madre trabajadora le ha enseñado valores como “tolerancia, respeto, disciplina, cuidado, protección y perseverancia”.
