La Sección Primera de la Audiencia provincial de Toledo acoge este miércoles 5 de mayo un juicio contra siete acusados de diferentes delitos -contra la salud pública por sustancias que causan y no causan grave daño a la salud y tenencia ilícita de armas- para quienes el fiscal pide penas que en alguno de los casos llega hasta los 13 años de prisión.
Según el escrito de acusación del fiscal, consultado por Efe, el acusado de más delitos había instalado, antes del 8 de julio de 2019, una plantación de cannabis sativa en su domicilio ocasional ubicado en la localidad toledana de Ajofrín.
El entramado eléctrico, necesario para el funcionamiento de dicha plantación, lo hizo otro de los acusados, electricista de profesión, pero sabía cuál era el destino y la función de dicha instalación.
De hecho, la plantación había sido dotada de sofisticados sistemas de iluminación, lámparas y extractores para optimizar la producción de cannabis.
El acusado principal tenía alquilada la parcela de Ajofrín en la que vivían otros procesados -su hija y su marido- mientras que otro de ellos, su hijo, frecuentaba de manera asidua este lugar e incluso se quedaba a dormir en numerosas ocasiones.
Dos de los acusados acudían a diario a la parcela ya que se encargaban del cuidado de la plantación, es decir, del cultivo de las plantas, de su secado, de cortarlas y de llevarlas a la parcela, la cual también vigilaban, y todos sabían el destino que se iba a dar a la droga.
El acusado, sus dos hijos y su yerno
En la misma parcela, el principal acusado, sus dos hijos y su yerno se ocupaban también de vender la cocaína.
Tras la oportuna autorización judicial, se realizaron sendas entradas y registros el 8 de julio de 2019 y el resultado fue el hallazgo de marihuana preparada para la venta, una pistola simulada, una cadena y una pulsera de oro, cartuchos, un fajo de billetes que hacían un total de 12.000 euros, otros 1.000 euros, dos básculas de precisión y diverso material de cultivo y mantenimiento de la plantación, cocaína y, entre otras cosas, un revólver.
En total, fueron intervenidas 2.577 plantas de cannabis que hubieran alcanzado en el mercado ilícito un valor superior a 595.000 euros.
Para el acusado principal, que se encuentra en prisión provisional, la Fiscalía pide hasta 13 años de cárcel por considerarlo autor de los tres delitos que se juzgan.
El fiscal le pide cuatro años y medio por el delito contra la salud pública con sustancia que no causan grave daño -cuatro años y tres meses para el resto de acusados por este delito-, seis años por el delito con sustancias que sí causan grave daño -cinco años a cuatro acusados más de este mismo delito- y tres años más por tenencia ilícita de armas.
Las multas superan en el caso del acusado principal el millón de euros, mientras que para el resto se piden multas que también están por encima del medio millón.
