El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración en su reunión de este martes el anteproyecto de Ley de Cámara de Cuentas, con el que el Ejecutivo autonómico recupera un órgano de control de la actividad económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha comparecido en rueda de prensa para informar de los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno, ha explicado que la previsión del Ejecutivo autonómico es remitir esta iniciativa legislativa al Parlamento regional como proyecto de ley dentro del actual periodo de sesiones o, si no fuera posible, al principio del siguiente, que se iniciará en septiembre, con el objetivo de que pueda estar aprobado y en vigor antes de acabar el año.
La creación de este nuevo órgano fiscalizador externo propio es un compromiso que adquirió el presidente, Emiliano García-Page, en el último Debate del Estado de la Región celebrado en octubre de 2020, después de que en 2014 se suprimiera la denominada Sindicatura de Cuentas, que funcionó durante veinte años y cuya labor fiscalizadora asumió el Tribunal de Cuentas tras su desaparición.
45 artículos
Ruiz Molina ha detallado que el anteproyecto de Ley consta de 45 artículos, distribuidos en cinco títulos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición final y que “la principal característica y fortaleza es que será un órgano de control técnico que tendrá plena independencia en el ejercicio de sus funciones, con autonomía organizativa y presupuestaria”, lo que le permitirá “actuar sin interferencias y con absoluta objetividad, eficacia y transparencia en su labor de fiscalización”, según ha puntualizado el consejero.
Del mismo modo, ha indicado que dependerá orgánicamente de las Cortes de Castilla-La Mancha y que es el propio Gobierno regional quien se ha autoimpuesto promover su recuperación, con el objetivo fundamental de mejorar el control y la transparencia en el manejo de las finanzas públicas y de que la ciudadanía tenga “la tranquilidad de que el dinero público se gasta bien, conforme a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia”.
