jueves, 28 marzo 2024
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El cambio en el memorándum del trasvase irá a al Consejo de Ministros el 27 de julio

El Consejo de Ministros previsto para el martes 27 de julio aprobará la modificación del Real Decreto que regula el memorándum por el que se rige el trasvase Tajo-Segura y que supondrá que cuando los embalses de cabecera estén en nivel 2, la derivación será de 27 hectómetros cúbicos y no 38, como es en la actualidad.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado esta fecha en la que se va a aprobar la modificación “comprometida por el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha, que es fruto del trabajo conjunto” y que supondrá “poner por delante los criterios técnicos de la arbitrariedad política que en su día dispusieron los dos gobiernos del PP, en Madrid y en Castilla-La Mancha”.

Martínez Arroyo ha desvelado esta fecha en declaraciones a los medios de comunicación ofrecidas con motivo de la firma de los contratos de emprendedores con el Grupo de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo, que ha tenido lugar en la localidad de Molina de Aragón (Guadalajara).

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.

“Esfuerzo y valor”

El consejero de Agricultura y Agua de Castilla-La Mancha ha afirmado que es la “primera vez que sucede algo así”, y por ello ha reconocido el “esfuerzo y valor” tras el trabajo conjunto de las administraciones regional y nacional, que va a beneficiar a los municipios ribereños, ya que incrementará en 200 hectómetros cúbicos de media la lámina agua existente en los pantanos de cabecera de Entrepeñas y Buendía.

“Es un paso, no la solución, pero es un paso necesario y positivo”, ha dicho.

También ha afirmado que si esta modificación se hubiera producido hace seis meses hubiera supuesto un ahorro de 66 hectómetros cúbicos que no hubieran salido de los pantanos de cabecera, y ha lamentado que algunos diputados del PP de Castilla-La Mancha defendieran en Madrid que se paralizara la aprobación de este Real Decreto, y con ello, “en vez de ayudar, ponen obstáculos a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.

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