El juzgado de lo Penal número 4 de Toledo ha suspendido el juicio que se iba a celebrar este martes contra 16 acusados de defraudación del Impuesto de Sociedades entre los años 2001 y 2004, porque no han sido citadas correctamente las empresas implicadas en este procedimiento, que se inició hace 18 años.
La vista oral, que se ha celebrado en una de las salas de la Audiencia Provincial de Toledo por la limitación de espacio de la sede del juzgado de lo Penal número 4, de la calle Marqués de Mendigorría, ha sido suspendida una vez iniciada por petición de la fiscal, tras conocer que no se había citado correctamente a las cuatro mercantiles que figuran en el proceso como responsables civiles subsidiarias.
A la petición de la representante del ministerio público se han adherido las defensas de los 16 procesados, y solamente se ha mostrado partidario de continuar la vista el abogado del Estado, que comparece en la causa como acusación en representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que reclama a los encausados que paguen conjunta y solidariamente un millón de euros.
Finalmente, el titular del juzgado de lo Penal número 4 de Toledo ha suspendido la vista, porque no consta la citación en forma de las mercantiles que figuran en el proceso como responsables civiles subsidiarias, e incluso hay indicios de que al menos dos de las cuatro pueden estar inactivas.
El juez ha decidido que se eche atrás el procedimiento para que sean citadas correctamente y evitar que se pueda alegar posteriormente una nulidad, según han comentado a los medios las defensas de los procesados, que han calculado que con este aplazamiento el proceso puede dilatarse entre un año y medio y dos años.
Asimismo, han apuntado que aunque los hechos se remontan a más de 18 años y hay empresas que han dejado de tener actividad, es necesario comprobar si siguen constituidas para que se las pueda citar, y han considerado que, en cualquier caso, aunque estuvieran sin actividad hay que formalizar el trámite de la citación.
Uno de los abogados defensores ha comentado que hay que tener en cuenta que, como estas mercantiles son responsables civiles subsidiarias, si no estuvieran en el procedimiento estarían provocando que otros de los acusados pudieran ser condenados con un soporte económico mayor que el que les podría corresponder.
Los procesados son antiguos responsables de estas mercantiles y autónomos para los que la Fiscalía solicita condenas de entre un año y diez años de prisión, como presuntos autores de tres delitos contra la hacienda pública por defraudación del Impuesto de Sociedades en los ejercicios de 2001, 2003 y 2004, con los que defraudaron en torno a un millón de euros.
El procedimiento comenzó a tramitarse en Nalvalcarnero (Madrid), porque es donde tenía el domicilio una de las empresas cuando se le notificó, por lo que se iniciaron allí las actuaciones, pero después se llevó a un juzgado de Instrucción de Illescas (Toledo), que es donde se ha cometido el defecto en la citación que ha motivado la suspensión de la vista.
