El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de diversidad sexual y derechos LGTBI de Castilla-La Mancha, que garantiza los derechos humanos y constitucionales de este colectivo, la igualdad efectiva y el derecho a la no discriminación.
Así lo ha destacado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, en su comparecencia para informar de los asuntos tratados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y donde ha manifestado su satisfacción por cumplir con este compromiso con las personas LGTBI.
“Era una deuda histórica” con el colectivo, que ha sufrido “discriminación, violencia e invisibilidad” durante muchos años y todavía hoy, en pleno siglo XXI, “necesitan de la protección de sus derechos, ha destacado Fernández, quien ha añadido que con la nueva normativa, que verá la luz en las Cortes en la presente legislatura, se garantizan sus derechos humanos y constitucionales.
Esta ley, ha continuado, es un desarrollo de la Constitución para garantizar la igualdad real, la igualdad de oportunidades, la igualdad efectiva y el derecho a la no discriminación por orientación o identidad sexual.
Castilla-La Mancha, al contrario de lo ocurrido con la normativa sobre violencia machista en la que ha sido pionera, es una de las últimas comunidades en regular los derechos de este colectivo, ha reconocido la consejera, quien ha manifestado su satisfacción por que haya recibido ya el visto bueno del Ejecutivo para su remisión a las Cortes.
Se ha redactado con la escucha permanente de los colectivos y la sociedad, es una norma “muy participada y muy bien armada jurídicamente” y será una realidad esta legislatura, ha subrayado la consejera, quien ha agradecido a las organizaciones, colectivos y personas que han participado en la redacción de la ley.
Integral y transversal
Es una ley con perspectiva de género, integral y transversal, que especifica la atención respetuosa a la diversidad sexual por parte de las administraciones, con el deber de intervención frente a la discriminación, la visibilidad de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha y la protección del interés superior de la niñez.
Se regula expresamente la prohibición de las terapias de conversión que tratan de curar como si fuera una enfermedad la homosexualidad y la transexualidad; se establece también la prohibición de la mutilación genital intersexual en bebés excepto si el criterio médico así lo establece; e incluye medidas igualitarias para acercar los recursos al medio rural.
También establece los mecanismos de implementación de igualdad y no discriminación; el libre desarrollo de la personalidad; la integridad personal frente a la violencia; la intimidad personal, familiar y propia imagen; la promoción de salud física, mental, emocional, sexual y reproductiva, así como los recursos y resarcimientos efectivos y la reparación de derechos violados.
Como aspectos novedosos, la norma contiene una clara referencia a la visibilidad de los derechos de las mujeres dentro del colectivo LGTBI bajo el principio rector de igualdad de género, así como a la formación en materia LGTBI dentro de las administraciones públicas de la región.
Contempla la puesta en marcha de un Consejo de Participación LGTBI en Castilla-La Mancha y la del Servicio de Atención integral LGTBI, además, ofrece la posibilidad de evaluar si es necesario un recurso de acogida específico para las personas LGTBI que sufran una expulsión de su hogar por su orientación o identidad sexual; la personación como acusación popular de la Junta de Comunidades en caso de homicidio, asesinato o cuando las circunstancias lo aconsejen y la búsqueda de referentes en materia de memoria democrática.
La Ley cuenta con memoria económica, con un programa presupuestario propio para 2022 y la creación de una unidad administrativa de Igualdad en la Diversidad LGTBI.
