El Gobierno de Castilla-La Mancha y el PSOE han defendido este jueves la “necesidad” de suspender el canon medioambiental incluido en la Ley de Aguas aprobada en febrero de este año debido al contexto económico actual, pero PP y Ciudadanos (Cs) no apoyan la suspensión, sino que piden su supresión total.
Así lo han manifestado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, y los tres grupos parlamentarios en sus intervenciones en el debate en el pleno de las Cortes regionales de la proposición de Ley presentada por el PSOE para la suspensión de la aplicación del canon del agua.
Los dos grupos de la oposición han rechazado tanto la toma en consideración como la tramitación por lectura única de la proposición, que han salido adelante con los votos a favor de los 19 diputados socialistas, así como han avanzado su voto en contra en la posterior aprobación de la proposición de Ley.
Martínez Arroyo ha subrayado la importancia de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha y ha lamentado que tanto PP como Cs, con su voto en contra en febrero, consideraron que no era necesaria, pese a que supone “cumplir con la normativa europea” y apostar por un modelo de utilización del agua basado en la economía circular.
Asimismo, ha destacado que la normativa pretende garantizar inversiones en materia hidráulica en la región, al tiempo que ha asegurado que el hecho de que se suprima el canon medioambiental no supone que no se vaya a desarrollar, por ejemplo, el Plan de Depuración porque hay más ingresos para ello, si bien ha reconocido que lo hará “más despacio”.
De igual forma, ha acusado a la oposición de hacer “mucha demagogia” con este asunto y, en concreto, ha replicado al PP que su líder regional, Paco Núñez, pidió la suspensión del canon e incluso presumió de haber conseguido “doblegar” al Ejecutivo regional cuando su presidente, Emiliano García-Page, anunció la suspensión, por lo que se ha preguntado si lo que quiere el PP es realmente suspender o suprimir.
El titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha remarcado que “la Ley de Aguas era necesaria y ahora es necesario suspender el canon” en un “ejercicio de responsabilidad política” con los ciudadanos de Castilla-La Mancha, para afirmar a continuación que, no obstante, el Gobierno regional es “consciente de que tiene que haber un canon” en el futuro.
“Mejorar y optimizar”
En la misma línea, la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha incidido en que la nueva normativa se ha aprobado con el objetivo de “mejorar y optimizar la gestión del agua, el servicio y el medio ambiente” y en que la directiva europea del año 2000 “exigía actualizar” la legislación y, de hecho, ha resaltado que todas las comunidades autónomas, excepto Castilla y León, ya lo han hecho, también las regiones gobernadas por el PP.
Abengózar ha manifestado que “hasta un parvulito entendería” que las obras requieren de financiación y que el canon venía también a costear infraestructuras y el mantenimiento y conservación de lo que ya existe, a la vez que ha aseverado que a la crisis financiera de 2008 y la pandemia de la covid-19 se ha sumado la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todo ello ha provocado “un momento complicado”, ante el que el Gobierno regional decidió suspender el nuevo canon.
Con todo, ha puntualizado que si se llegar a aplicar el canon Castilla-La Mancha seguiría estando entre las regiones con los precios del agua más bajo -1,25 euros el metro cúbico en la actualidad y 1,50 si se aplicara el canon-, a la vez que ha preguntado a la oposición cómo va a explicar su rechazo a la suspensión del canon mientras continúe la actual coyuntura económica y “mientras tanto, el Gobierno regional pueda negociar para tratar de llegar a acuerdos y consensos para que la suspensión pueda llegar a ser indefinida y para siempre”.
Por su parte, la diputada regional del PP Ana Guarinos ha explicado que el rechazo del grupo popular a esta proposición de Ley se debe a que la aplicación del canon medioambiental contemplada en la Ley de Aguas “no es cosa de Europa sino del Gobierno de Castilla-La Mancha” y a la contradicción que supone que cuando se aprobó la norma era “urgente e inaplazable” y poco más de un mes después ya no lo era y podía suspender el canon.
De la misma manera, ha precisado que si el PP pide la derogación total de la Ley es porque quiere la supresión del impuesto y de la subida de los cánones de aducción y depuración, y eso supone prácticamente toda la normativa, para poder volver así a la situación anterior, y ha adelantado que volverá a llevar a pleno una iniciativa para solicitarlo de nuevo en sede parlamentaria.
De su lado, la parlamentaria de Cs Elena Jaime ha considerado que la proposición de Ley que ha llevado el PSOE al pleno es “deficitaria” porque, a su modo de ver, el grupo socialista la ha hecho “deprisa y corriendo” ante las “ocurrencias” de García-Page, por lo que ha pedido que la retire y elabore una “en condiciones” que no solo suspenda el canon sino que lo suprima “para siempre”.
De hecho, Jaime ha avanzado que la formación naranja trabaja en una proposición de Ley en este sentido que registrará en el Parlamento autonómico para su debate, pero en la que no pedirán derogar la Ley de Aguas como pide el PP sino eliminar de manera definitiva el “impuestazo”.
