El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba celebrar cada 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social, una celebración que viene a recoger una larga trayectoria de organismo internacional a favor de la promoción del desarrollo social y la igualdad de oportunidades.
La Justicia Social se plantea como una necesidad para que una sociedad esté cohesionada, y aparece junto con la paz y la seguridad, pues estos elementos, son indispensables cuando hablamos del respeto de los derechos y las libertades fundamentales.
Este año, la ONU ha elegido como tema central de la celebración el lema ‘Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social’ poniendo el foco en eliminar las barreras que generan inequidad, tales como las diferencias de género, edad, raza, religión, posición social o discapacidad.
Justicia Social es un término con un gran significado y que entronca con términos como democracia, ciudadanía, igualdad, bienestar, inclusión, etc., valores todos ellos que forman parte esencial de la Constitución de 1978, en la idea de sociedad que dibuja, y que representa de manera nítida una forma de convivencia y progreso social para toda la sociedad, para los pueblos y las personas que formamos parte de ella.
Todas las personas y todos los colectivos precisan de apoyos, partiendo del principio de que todas las personas somos diferentes, todas, sin excepción, merecemos tener igualdad de oportunidades, en especial aquellas con mayores dificultades sociales o económicas, por lo que debemos desarrollar sistemas económicos que promuevan el trabajo decente, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que combatan la pobreza.
Esta es la labor principal a la que nos enfrentamos como sociedad, generar esa igualdad de oportunidades con especial atención a los grupos más vulnerables como son las personas de edad, las personas con discapacidad o las personas en riesgo de exclusión social y, hoy, más si cabe, prestando atención a la despoblación de las zonas rurales, un desafío muy notable que la globalización ha exacerbado.
Si bien es cierto que la globalización ofrece oportunidades para muchos, y que en estos últimos 40 años se han visto un desarrollo sin igual de los derechos y las libertades, el crecimiento económico y la riqueza no se ha traducido en prosperidad para todos, generando importantes cotas de desigualdad que se observan económicamente, pero también desde el punto de vista de determinados colectivos y de determinados territorios.
Ese es el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha “cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social”: promover el empleo, el diálogo permanente con la sociedad y los grupos que la representan, como los profesionales, y las familias, al lado de la ciudadanía para conseguir una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, en definitiva, una sociedad con mayor bienestar.
Aurelia Sánchez Navarro es la consejera de Bienestar Social
