La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo acoge este miércoles un juicio contra seis personas -todas ellas ediles en el Ayuntamiento de Ontígola en 2015-, acusadas de un presunto delito de prevaricación administrativa y para los que la Fiscalía pide doce años de inhabilitación de cargo público de concejal por fijar en un euro bruto el sueldo de la alcaldesa y los ediles liberados.
Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, consultado por Efe, tras las elecciones del 24 de mayo de 2015, los seis acusados, vinculados a diversos partidos políticos, resultaron elegidos concejales de la corporación municipal en Ontígola y, con fecha 13 de junio de 2015, otra edil elegida en el mismo proceso electoral, María Engracia Sánchez, del PSOE, tomó posesión como alcaldesa.
El escrito añade que el 30 de junio de 2015, se celebró pleno extraordinario en el que se acordó que tendrían dedicación exclusiva y parcial, así como las oportunas retribuciones, tanto la regidora municipal como otros tres concejales electos, fijándose una asignación bruta mensual de 2.100 euros.
Pero el 29 de enero de 2016 se promovió una moción de censura contra la alcaldesa socialista, que prosperó en sesión extraordinaria de 10 de febrero de 2016 con el voto favorable de todos los acusados -cuatro concejales de la Agrupación de Electores Independiente de Ontígola (AEIO), el del PP y el de Ciudadanos-, lo que provocó que fuera nombrado nuevo alcalde uno de los procesados.
No obstante, el 30 de junio de 2016 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Toledo declaró nulo ese acuerdo de 10 de febrero de 2016, por lo que nuevamente la anterior corporación recuperó sus funciones y retribuciones.
Nuevas retribuciones
Sin embargo, posteriormente, parte de los acusados presentaron solicitud de convocatoria de pleno extraordinario, en la que entre los puntos del orden del día se incluía la fijación de nuevas retribuciones a los concejales liberados y a la Alcaldía, fijadas en un euro bruto para cada uno de ellos y manteniendo en todo caso las funciones y liberaciones que habían sido adoptadas por resolución de 30 de junio de 2015.
Convocada la sesión extraordinaria para el 17 de septiembre de 2016, con anterioridad al debate del punto referido y a propuesta de la alcaldesa, la secretaria municipal procedió a dar lectura al informe elaborado por los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Toledo, en el que expresamente se advertía de que la iniciativa de los acusados era “contraria a derecho”.
Si bien, tras el oportuno debate, “siendo conocedores de un informe jurídico emitido al efecto” y “con pleno conocimiento de que la resolución que adoptaban era radicalmente opuesta al ordenamiento jurídico”, afirma el escrito del Ministerio Público, los acusados votaron a favor de la misma, con lo que la retribución de la alcaldesa y demás concejales liberados quedaba reducida a un euro bruto.
Este acuerdo fue suspendido cautelarmente por auto de fecha 7 de noviembre de 2016, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Toledo.
Los hechos narrados son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, por el que la Fiscalía solicita para cada uno de ellos doce años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo público de concejal.
