Desde el año 2010 el agua es considerada como un Derecho Humano esencial para la vida. El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. Sin embargo, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración debe tener por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030.
Este 22 de marzo, las Naciones Unidas celebran el Día Mundial del Agua en torno a una temática oficial sobre el “valor del agua”. Esto debe servir para alertarnos que entre la noción de valor y la de precio hay solo un paso. Sin embargo, asignar un valor económico a la naturaleza es un fenómeno cada vez más extendido y que acaba de alcanzar su punto culminante con la entrada en bolsa del elemento más esencial, tanto para la humanidad como para la vida en general: el agua. Así, el pasado 7 de diciembre de 2020, la mayor empresa mundial de intercambio de derivados financieros, el CME Group, lanzaba el primer mercado de futuro relativo al agua. Los inversores y especuladores ya pueden apostar sobre cuál será la evolución del precio del agua.
El impacto de los “mercados del agua”, instaurados en varios países, es catastrófico. En Chile, los ríos son subastados y adquiridos por millonarios que utilizan el agua para irrigar de forma masiva los cultivos intensivos de aguacates o para alimentar las minas. Mientras tanto, millones de personas intentan sobrevivir al acaparamiento del agua, fenómeno que provoca fuertes sequías. En Australia, el mercado del agua termina incitando a inversores y empresarios agrícolas a la especulación en función de las previsiones en términos de escasez y de los precios futuros del agua, en detrimento del acceso de los campesinos al agua. Este proceso de acaparamiento de capital vivido anteriormente con el dinero, hoy lo vivimos con este derecho humano esencial. El agua se está convirtiendo en un producto financiero ideal para los inversores, dado que todos necesitamos el agua para vivir y no existe sustituto de ésta.
La financiarización del agua abre la puerta a la especulación masiva y al aumento del precio del agua, lo cual supone una ventaja para los actores económicos más poderosos. Dentro de este mercado tan lucrativo, las necesidades de los seres humanos y de los ecosistemas no son prioritarios.
Puesto que el agua es la fuente de la vida, ésta no puede considerarse como una mercancía, como un producto financiero o como un objeto de especulación. Dejar que las leyes de mercado sean las que decidan la repartición y la gestión del agua es inaceptable teniendo en cuenta los derechos humanos.
Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha rechazamos esta visión puramente económica y utilitaria del agua. La responsabilidad colectiva de las comunidades humanas con el agua, bien común de todos los seres vivos, no es una opción. Nos reafirmamos en el hecho de que un derecho humano no está sujeto a la condición de poder pagarlo. Reafirmamos el hecho de que un bien común no debe ser gestionado ni controlado por las leyes de los mercados financieros ni las garras empresariales que solo buscan su beneficio.
En este contexto, España prevé trasponer la nueva directiva de calidad de aguas de consumo antes de 2022. Fomentaremos con ello el consumo de agua de grifo informando sobre su calidad para reducir los residuos plásticos como parte del cumplimiento de la nueva directiva de calidad de las aguas para uso humano que incorpora más garantías de salud a los consumidores. Esta Directiva amplía su ámbito de actuación y establece criterios técnicos y sanitarios del agua de consumo en todas las instalaciones implicadas desde la captación hasta el grifo de cada usuario y el control de las mismas, afectando incluso a los materiales de las estructuras de distribución que están en contacto con el agua. Prevé también adoptar “las medidas necesarias para mejorar o mantener el acceso de todos al agua de consumo, en particular, el acceso de colectivos vulnerables y marginados”.
En Castilla-La Mancha se están dando pasos garantistas del acceso al agua para todos. Así, con la firma del Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha en la que ha participado Izquierda Unida en nuestra región, se ha conseguido incluir el reconocimiento al derecho humano al agua concretado en el texto del Pacto en la imposibilidad del corte de suministro a las familias que no puedan pagarlo. Han sido nuestras reivindicaciones en las reuniones para la elaboración de este documento las que han conseguido eliminar el carácter mercantilista y financiero de este derecho.
Pero vamos a seguir siendo vigilantes, ya que el texto que se está preparando sobre la nueva Ley de Agua en la región contempla una subida masiva de impuestos relacionados con el agua cuya finalidad recaudatoria pasa por un cambio de modelo productivo del secano al regadío sin atender a las realidades climáticas presentes y futuras, y sin atender a la demanda que eso produciría y sus efectos sobre las masas de agua.
Desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, por último, condenamos la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y reto Demográfico de un trasvase que va a permitir la llegada, de forma progresiva, de 132 hectómetros cúbicos acumulados y pendientes de envío al Segura para regadío, no para consumo humano. Con el Pacto del Agua en nuestra región, no podemos asumir que se siga manteniendo este negocio y mercadeo con un bien de uso público que ya ha caído en las redes de los mercados mundiales y que sigue esquilmando la riqueza de nuestra tierra y de nuestras tierras.
Por Juan Ramón Crespo (Coordinador Regional de IU C-LM) y
Txema Fernández (responsable de Política Institucional de IU C-LM)
