La Oferta Pública de Empleo (OPE) de personal funcionario correspondiente al ejercicio 2021, que asciende a 503 plazas, ha sido aprobada este miércoles en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General, por unanimidad del Gobierno regional y de los sindicatos de la función pública.
Según ha informado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en nota de prensa, la negociación de esta oferta con los representantes del personal empleado público ha sido uno de los puntos del orden del día de la Mesa Sectorial, que ha estado presidida por el director general de Función Pública, José Narváez.
Esta negociación se lleva a cabo dentro del proceso de planificación de la Oferta Pública de Empleo del presente año 2021, que se desarrolla en los distintos sectores del empleo público regional y la OPE para personal funcionario está compuesta por 353 plazas de nuevos ingreso y 150 de promoción interna.
Además, la OPE de Administración General para este ejercicio se completa con las plazas de personal laboral que han sido aprobadas este martes en la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo y que ascienden a 271, repartidas en 212 de nuevo ingreso y 59 de promoción interna.
Por lo tanto, en este ejercicio se aprobarán un total de 774 plazas de personal empleado público de Administración General, entre las 503 para funcionarios y las 271 para personal laboral.
Ambos acuerdos, junto con el de la Mesa Sectorial de Educación, que se reunirá próximamente, se trasladarán a la Mesa General de Negociación para los Empleados Públicos, en la que se abordará la OPE de este año, como paso previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno.
La OPE de 2021 forma parte también de la segunda edición del Plan de Impulso a los Servicios Públicos 2020-2023 del Gobierno de Castilla-La Mancha, con el que se prevé aprobar cerca de 6.000 plazas de empleo público en este periodo.
Los objetivos de este plan son generar oportunidades de empleo en la región, transmitir certidumbre a las personas interesadas en adquirir la condición de personal empleado público de la Administración regional y mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen, dotando de mayor estabilidad a las plantillas e incentivando su desarrollo profesional.
