La candidatura que encabeza Tomás Medina, el presidente del PP en Puebla del Príncipe (Ciudad Real), al Congreso Regional de esta formación ha remitido un comunicado en el explica que ha tomado la decisión de acudir al amparo de los tribunales por “la negativa del comité Organizador del Congreso (COC) de facilitar el censo electoral” y estar “totalmente disponible” para la candidatura de la actual presidenta, María Dolores de Cospedal.
Además, por “la falta de imparcialidad y neutralidad” de dicho comité y, también , “ante un procedimiento que es un fraude para el 95 por ciento de los afiliados de Castilla-La Mancha e incumple los principios básicos del funcionamiento democrático de cualquier partido político”.
Por su parte, El Comité Organizador -tanto por boca de su presidente, Jaime Ramos, como por la del secretario, Jesús Labrador- ha aseverado que ha tratado con igualdad e imparcialidad a las dos candidaturas que optan a la Presidencia del partido y ha explicado que el censo de afiliados no se puede facilitar a ninguna de ellas en cumplimiento de la ley de protección de datos.
Ante estas denuncias, Labrador ha señalado que un informe de la Agencia Española de Protección de Datos recoge que los candidatos a los órganos de gobierno de un partido no podrán tener acceso a los datos personales de todos los afiliados y que los órganos de gobierno de la formación podrán difundir entre los afiliados la documentación que aporten las candidaturas.
Este informe concluye que “no procede la cesión de los datos a los afiliados que presenten su candidatura a los órganos de gobierno del partido consultante, sin perjuicio de que por los órganos del mismo pueda darse difusión a la información o documentación de las distintas candidaturas, a fin de garantizar el principio de estructura y funcionamiento democrático, consagrado por el artículo 6 de la Constitución”.
Labrador ha aseverado que el contenido de este informe fue analizado en la reunión que el COC en Toledo, y en la que participaron representantes de ambas candidaturas, y que también se dijo que facilitar los datos personales de todos los afiliados a ambas candidaturas iría en contra de la Ley de Protección de Datos y que, para hacerlo según la legalidad vigente, sería necesario tener el consentimiento expreso de cada uno de los militantes.
El secretario del comité Organizador sostiene que si Medina finalmente pide la paralización del Congreso Regional, el COC defenderá “la integridad del proceso” y se ha mostrado confiado en que el juez “verá que se ha actuado con arreglo a las normas y con imparcialidad”
