El Gobierno regional modificará el plan de pobreza energética para aumentar la posibilidad de recibir prestaciones y dar cobertura todo el año, según ha informado Inmaculada Herranz, consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas.
Herranz ha explicado que uno de los cambios que se aplicarán en el plan de pobreza energética en 2018 será dar la posibilidad a las familias de solicitar dos ayudas al año, de 150 euros cada una, para garantizar los suministros energéticos.
Y ha indicado que la modificación del plan también incorporará las ayudas de emergencia social para prevenir los cortes de suministro energético, y promoverá la firma de convenios con empresas suministradoras de energía.
Herranz ha destacado que las políticas que se aplican en la reducción de la pobreza son “de mucha importancia” y no deben tomarse como “una medida más” y, en este sentido, ha recalcado que los últimos datos sobre pobreza energética demuestran que “el esfuerzo desde las administraciones tiene un impacto fuerte”.
Bono social
Sobre la compatibilidad del plan de pobreza energética con el bono social impulsado por el Estado, Herranz ha señalado que la cobertura que está dando el plan regional es más “eficaz y eficiente”, y ha asegurado que “hasta que no se consolide el bono social, el plan de pobreza energética seguirá activo”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha añadido que el bono social está recurrido ante el Tribunal Supremo y ha defendido que el plan regional “es mucho más hábil desde el punto de vista práctico y legal”.
Hernando ha afirmado que el Gobierno autonómico no está en contra “del objetivo” del bono social pero sí ha dicho que “está mal planteado y es una chapuza del Gobierno de España a la hora de aplicarlo”.
