Por Rosa Prieto, activista en temas medioambientales
Llevo bastante tiempo siguiendo la evolución de unos cuantos proyectos de granjas porcinas a lo largo y ancho de la región. No hay municipio que escape a ellos. Grandes empresas del sector cárnico porcino están detrás de muchas de ellas, protegidas por el señuelo de la inversión y del empleo.
Jordi Évole en su programa ‘Salvados’, sacó a la luz pública, una gran plaga que asola el mundo rural, centrándose en exclusiva en el bienestar animal y en la explotación laboral de los grandes mataderos, dejando otros temas importantes sin tocar.
Este pasado fin de semana, el pueblo toledano de Lucillos ha constituido una plataforma para hacer frente a 4 proyectos de granjas de cerdos (unos 12.000 animales), teniendo todos los proyectos a menos de 2 km de distancia de núcleos urbanos.
La derogación en noviembre de 2014, en Castilla-La Mancha (y en otras comunidades autónomas), del Reglamento de Actividades Molestas e Insalubres y Peligrosas (RAMINP) ha supuesto una desregulación que beneficia al sector. Este reglamento, aprobado en 1964, establecía que esta actividad no podía establecerse a menos de 2.000 metros de núcleos de población. Su derogación, sin tener una nueva norma de carácter regional que catalogase las actividades, ha dejado un vacío legal preocupante.
Con la llegada del ejecutivo socialista se empezó a trabajar una nueva legislación para “la ordenación y registro de actividades ganaderas” que ocupase los vacíos que dejaba la explicada derogación del RAMINP. Salió a consulta pública en el pasado mes de noviembre, pero ya conocemos la agilidad de la administración. Esta nueva legislación debería de garantizar la calidad de vida de las personas que viven en los lugares donde se asienten estas granjas y permitir el desarrollo de otras actividades. Hay otras necesidades legales como el tema de la contaminación atmosférica o la gestión de purines, pero al menos contamos con la normativa nacional.
El otro gran impulso al crecimiento de proyectos porcinos, han sido las recientes ayudas a todas las ganaderías (incluidas las intensivas porcinas) establecidas en el Programa de Desarrollo Rural. Al calor de las ayudas, proyectos que llevaban bastante tiempo sin construir, han resucitado en forma de peticiones de prorrogas a autorizaciones ambientales.
Oía en una radio local esta semana, una entrevista a un director provincial de agricultura. Decía que no entendía la alarma entre los vecinos, que hay mucho control, que es una oportunidad que no podemos dejar pasar, que la mayoría son granjas pequeñas (de menos de 2.000 cerdos), que las empresas cárnicas lo hacen con muy buen criterio y que por eso estaban trabajando para resolver cualquier problema que le surja al promotor. Quizá sea el momento de reflexionar para quien trabaja la administración, porqué este tipo de granjas se encuentran con normativas cada vez más restrictivas en el norte y van bajando hacia el sur, y porqué si las granjas están tan controladas, tenemos informes como en Cataluña que dicen q han contaminado casi el 40% de las aguas subterráneas.
El motivo para que la mayoritaria de granjas sean de menos de 2000 cerdos (el anexo II de la Ley de Evaluación Ambiental), es que el procedimiento al que debe de someterse no exige un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo ni consulta pública, lo que deja en total indefensión a los vecinos.
Las granjas de mayor tamaño y las que puedan afectar a zona protegida, deben de pasar EIA y salir a consulta pública. Así, al menos se da la posibilidad, de que alguien vea el anuncio en el Documento Oficial de la Región y avise a los vecinos a tiempo, para que puedan realizar alegaciones.
Por otro lado, el problema de la afección a red Natura siempre se considera que se refiere a actividades que se dan dentro del propio espacio protegido. Sin embargo, la propia Directiva de Habitats reconoce que no es necesario que la actividad en cuestión se de dentro para que pueda ocasionar daños.
La sentencia de Torrejoncillo del Rey por un defecto de forma, ha supuesto un reconocimiento de los problemas que ocasionan algunas de estas granjas, destacando el voto particular que emite el letrado Miguel Ángel Narváez señalando que se había procedido dejando en indefensión a los vecinos.
Alcaldes que anteponen el bienestar de sus vecinos, buscan las formas de controlar el tema. Destaca el caso de Villanueva de la Jara (Cuenca), que ha procedido a realizar una suspensión potestativa del otorgamiento de licencias a estas granjas.
Fórmulas hay, solo es cuestión de voluntad política que impida dejar en desamparo a los vecinos de las zonas rurales. No regalemos hermosos pueblos a los cerdos.
