El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha emitido un informe favorable para que el nuevo Decreto del Catálogo de Prestaciones, Intensidades y Compatibilidad del Sistema de Protección de la Dependencia en la región “sea una realidad”, y permita “compatibilizar las nuevas prestaciones”.
Así lo ha señalado esta mañana la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien no ha dado fechas sobre el resto del proceso de tramitación restante.
Cabe recordar que en Castilla-La Mancha quedó un vacío legal en materia de dependencia desde abril de 2015 tras prosperar en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM) el recurso presentado por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y que propició la anulación de la Orden aprobada por el gobierno de María Dolores Cospedal en julio de 2013.
La Plataforma basó su escrito en que la normativa establecía recortes arbitrarios y retroactivos y todo tipo de requisitos retardatorios y un sinfín de obstáculos con “el objetivo de demorar hasta en más de tres años y medio el pago de las ayudas” y en el que las personas más dependientes, “las que más lo necesitan”, eran las más perjudicadas, calificándolo de “denigrante, doloroso e inhumano”.
Plan de Mejora de la Dependencia
Con la llegada al poder de los socialistas en junio de 2015 se puso en marcha el Plan de Mejora de la Dependencia, que tenía como principales ejes: lograr la seguridad jurídica, eliminar tasas, aumentar los recursos humanos y reducir la lista de espera de los 26.000 expedientes pendientes de resolver.
Con la contratación de 43 profesionales en las cinco provincias se han reducido en 2.600 los expedientes, registrándose 2.100 beneficiarios más de prestaciones en la Comunidad Autónoma.
En Castilla-La Mancha hay actualmente un total de 36.796 personas beneficiarias de algún tipo de prestación por dependencia que reciben un total de 48.863 ayudas.
La nueva ley pretende garantizar e incrementar la atención a todos los dependientes.
