El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha anunciado que su grupo parlamentario ha registrado en las Cortes regionales una proposición, que será debatida en el Parlamento autonómico, por la que se insta al Gobierno central a dejar sin efecto los puntos del Concordato con la Iglesia Católica que recogen que son las comunidades autónomas quienes tienen que hacer frente al pago de los servicios religiosos en dependencias públicas.
García Molina ha especificado en rueda de prensa que esta proposición consta de dos puntos. En el primero, se insta al Ejecutivo nacional a “garantizar la libertad de cualquier persona a recibir la atención religiosa que precise, sin discriminación de ningún tipo”, mientras que en el segundo se “insta al Gobierno a suspender cualquier disposición de acuerdos internacionales que traslade la obligación a las comunidades autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión en el ámbito de los servicios públicos”.
Los presupuestos regionales de 2016 contemplan una asignación a la Iglesia de 408.000 euros dentro de Sanidad, la misma que el anterior Gobierno del PP, y 10.000 en Bienestar Social, unos 3.000 euros más que en la anterior legislatura.
