El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado hoy martes la presentación de los recursos ante el Tribunal Supremo a los planes hidrológicos de los ríos Tajo, Guadiana, Júcar y Segura aprobados el pasado enero por el Gobierno de la Nación en funciones.
En una comparecencia que compartía con Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la titular de Fomento, Elena de la Cruz, sintetizaba el recurso del Gobierno autonómico asegurando que los cuatro planes de cuenca con mayor incidencia en la región suponen un grave perjuicio para los intereses de Castilla-La Mancha, pues no “garantizan el principio de equidad”, lo que a su vez impide garantizar el desarrollo económico de Castilla-La Mancha debido a las “restricciones” que imponen en materia hídrica.
En definitiva, para el Gobierno de García Page se trata de planes “feroces” para una región a la que someten “a un ataque brutal en materia de agua”.
Impugnación del trasvase
Además, el recurso promovido por la Junta de Comunidades incluirá una impugnación legal a las reglas del Trasvase Tajo-Segura, puesto que el Real Decreto del Gobierno sumó al borrador del Plan del Tajo con posterioridad al texto aprobado en el Consejo Nacional del Agua un artículo cuyas cifras entrarían en contradicción con las normas de explotación de manera que “resulta imposible cumplir ambas”. La consejera ha acusado al Gobierno de España de calcular a favor de la cuenca receptora sumando un agua excedentaria “que no es tal”.
Elena de la Cruz ha aseverado que el patrón de perjudicar las necesidades de agua de la región se repite en las cuatro cuencas principales cuyos planes se recurren.
En el Plan de Cuenca del Segura se ha detectado un “trato desigual a Murcia y Albacete”; en el Júcar, la definición de la demarcación tolera “trasvases encubiertos” en perjuicio también de la región y “perpetúa el convenio de Alarcón poniendo el riesgo el abastecimiento de Albacete”, explica la consejera.
En cuanto al Tajo, desde el Gobierno regional se apuntan “artificios legales o decisiones extravagantes” para producir “excedentes artificiales” de manera que en caso de sequía “se obliga a los que beben y riegan del Tajo a apretarse el cinturón pero no a los usuarios del trasvase”.
