El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha anunciado la posibilidad de que el organismo que dirige presente una querella contra la Junta de Comunidades por la “criminalización” sufrida por sus funcionarios por parte de la administración regional, con motivo del registro de la documentación previa al recurso contra los planes de cuenca que presentará el Ejecutivo autonómico.
Una documentación que el presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Rafael Esteban, asegura que tuvo que ser registrada directamente en el Palacio de la Moncloa ya que la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, según él, se negó a hacerlo hasta en tres ocasiones.
Tras estas manifestaciones, Gregorio ha indicado que sus funcionarios informaron a los responsables socialistas de que la Delegación del Gobierno no podía actuar como intermediario entre administraciones, “indicándoles cómo debían hacerlo, pero parece que la administración de Emiliano García-Page no conoce la ley”, apunta el delegado.
