El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado hoy la ilegalidad de las subvenciones concedidas por el Gobierno regional a la digitalización y la ampliación de la red de televisión digital terrestre (TDT) en zonas remotas, una decisión dictada por Bruselas en 2014 pero que España y los operadores implicados –Telecom CLM y Albertis- recurrieron.
En la decisión que se adoptó en el mes de octubre de 2014, la Comisión Europea ordenó a las dos empresas beneficiarias la devolución de las ayudas –por valor de 46 millones de euros- al considerar que se vulneró el principio de neutralidad tecnológica, pues solo se concedían a la tecnología digital terrestre en perjuicio de plataformas alternativas por satélites, cable o internet, y concedió una “ventaja selectiva”.
En la sentencia que hoy hace publica el tribunal europeo, desestima el recurso de las partes y confirma que hubo una ayuda pública para Telecom y Albertis, en la que las entidades locales fueron “meras intermediarias” para la gestión de los fondos.