El Grupo Municipal Socialista de Talavera ha dado el banderazo de salida al nuevo año político haciendo balance del pasado ejercicio, haciendo repaso de los principales reproches que ha venido vertiendo hacia la gestión del alcalde, Jaime Ramos, los últimos meses en materia económica, de empleo o mantenimiento urbano. Para el portavoz del PSOE, José Gutiérrez, “la parálisis del Gobierno Municipal” está provocado “el retroceso de Talavera” frente “al avance” de las ciudades similares del entorno.
Junto al incremento experimentado por el desempleo el último mes mientras en el conjunto del país, la región y la provincia se producía una bajada de las cifras de parados, los socialistas han hecho especial hincapié en el descenso poblacional que viene arrastrando la ciudad bajo el mandato del PP, que cifra en 5.000 habitantes desde junio de 2011, “tres personas cada día”.
Esgrimiendo los datos del Servicio de Estadística del Ayuntamiento, Gutiérrez alerta de que la ciudad inició 2017 por debajo de los 84.000 habitantes, en concreto, 83.950, 169 menos que a 1 de enero de 2016. Ello sería debido a “la paralización de los proyectos de futuro” por parte de un Gobierno “que no asume su responsabilidad y tiene como única estrategia el victimismo rancio y caduco”.
En paralelo a los talaveranos “que tienen que hacer las maletas y marchar a otro lugar en busca de futuro”, el PSOE advierte de que “los que se quedan sufren peores condiciones laborales” al tiempo que la renta de las familias disminuye, lo que implica que “cada vez es más difícil la reactivación económica de Talavera”.
Entre otras consecuencias de la crisis económica y la pérdida de población, José Gutiérrez alude al cierre del 15 por ciento de empresas y comercios talaveranos también desde junio de 2011. Además, el portavoz también señala que al disminuir el número de talaveranos, también lo hace la aportación que recibe el Ayuntamiento del Estado vía impuestos, en este caso, 600 euros menos al año por cada habitante que se marcha.
A todo ello, el Grupo Socialista añade el envejecimiento demográfico, dado que el 23 por ciento de los habitantes censados superarían los 60 años. Igualmente, se denuncia que, según el propio Gobierno Ramos, el 33 por ciento de la población se encontraría en riesgo de exclusión social.