El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado un acuerdo para arreglar 2.500 kilómetros de caminos rurales en Castilla-La Mancha en un plan igualitario para las cinco provincias de Castilla-La Mancha. “Hemos llegado a un acuerdo entre todos, los cinco presidentes de las diputaciones provinciales y el Gobierno regional, para dedicar 45 millones de euros a los caminos rurales de aquí al año 2019”.
Así lo ha anunciado Martínez Arroyo al término de la reunión que ha mantenido con el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto. Un encuentro en el que también ha estado presente el director general de Desarrollo Rural, Javier Carmona.
El consejero de Agricultura ha señalado que de los 45 millones de euros que tiene previsto invertir el Ejecutivo autonómico en los próximos años para la mejora de los caminos rurales que existen actualmente, “la mitad lo van a poner las diputaciones provinciales”. En este sentido, Martínez Arroyo ha explicado que la inversión se va a realizar en los caminos de titularidad pública, aquellos que ya están trazados y que hay que mejorar y que en total, ha calculado, son “2.500 kilómetros de caminos en toda la región”.
Las bases estarán publicadas en el mes de marzo y, a continuación, la Consejería de Agricultura firmará convenios con cada una de las diputaciones provinciales para poder iniciar los proyectos, “cuanto antes, este verano” ya que “de aquí a 2019 los caminos tienen que estar ejecutados y pagados”. Martínez Arroyo ha subrayado que “nunca se había hecho una inversión tan concentrada en tres años”.
El objetivo, ha abundado, “invertir los recursos públicos de la manera más eficiente, evitando que se pierdan fondos públicos en el Programa de Desarrollo Rural (PDR), por no tener la capacidad de ejecutarlos en el período previsto por el PDR”. Es decir, “nos estamos curando en salud, limitando la fecha de ejecución al año 2019 y de esta manera garantizamos que todos los fondos públicos se ejecutan en Castilla-La Mancha y no se pierde ni un solo céntimo”, ha remarcado el consejero.
Martínez Arroyo ha avanzado que las prioridades van a tener que ver con la situación de los caminos y con cuestiones socioeconómicas como la población de los municipios, “el nivel de desempleo, la presencia de los municipios en zonas protegidas desde el punto de vista medioambiental, si están o no en Red Natura o las dificultades de acceso”, entre otras, pero siempre priorizando aquellos con mayores dificultades. Es evidente, ha destacado, que “los municipios más pequeños tienen siempre más dificultades y, por tanto, van a ser priorizados en esta convocatoria”.
La situación de estos núcleos de menor población será objeto de una nueva convocatoria de reunión con los presidentes de las diputaciones provinciales, enmarcada en la Ley de Desarrollo Rural Territorial que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará esta legislatura para garantizar los servicios públicos de salud, educación y banda ancha en nuestros pueblos, ha avanzado el consejero.
