El fiscal ha pedido nueve años de prisión por un delito contra la salud pública para el propietario de un locutorio en Toledo desde el que suministraba cocaína previo acuerdo con residentes en Argentina, que le enviaban paquetes postales con la droga impregnada en folios y ropa.
La Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes a J.M.I.G., que ha estado en prisión provisional por esta causa desde septiembre a diciembre de 2014.
El 12 de septiembre de 2014 agentes de la Guardia Civil detectaron en la oficina de Correos del aeropuerto de Barajas un paquete procedente de Argentina que declaraba contener ´documentos´ pero que al ser inspeccionado tenía unos folios con cocaína impregnada.
La Policía Judicial de la Guardia Civil solicitó autorización judicial para vigilar la entrega del paquete y un agente se hizo pasar por empleado de Correos y fue al locutorio preguntando por el destinatario del envío.
El propietario del establecimiento dijo que lo conocía y que se hacía cargo del paquete y firmó en la hoja de reparto, tras lo cual fue detenido.
En el interior del locutorio se halló una báscula de precisión con restos de cocaína, 1.630 euros en monedas, dos papelinas de cocaína y un bote con una bolsa de polvo blanco que también era la misma droga y pesaba 2,73 gramos.
Los agentes registraron, asimismo, el domicilio del detenido, situado en el municipio de Olías del Rey, y localizaron en una lámpara ocho billetes de 500 euros.
Más paquetes
El día 18 del mismo mes de septiembre el equipo de delincuencia organizada y antidroga recibió una llamada del jefe de seguridad de una oficina de Correos en Toledo comunicando que habían recibido dos paquetes postales de similares características.
Los paquetes contenían 44 y 48 folios con cocaína impregnada, su origen era Argentina y el destinatario también era el dueño del locutorio.
Además, el día 23 del mismo mes llegó un nuevo paquete postal que tenía ropa infantil y una bolsa transparente con una falda de color rojo en cuyo forro también se detectó cocaína.
El total de sustancias intervenidas asciende a 1.656 gramos, que habrían alcanzado en el mercado un valor de entre 94.000 y 150.000 euros según su venta en dosis o gramos.
El procesado ya había sido condenado en 1999 a tres años de prisión por otro delito contra la salud pública.
