viernes, 22 noviembre 2024
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La Junta considera que la sentencia del Constitucional no tiene efectos retroactivos

SENTENCIA-POM
Elena de la Cruz y José Antonio Carrillo.

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha comparecido hoy en rueda prensa con el director general de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Carrillo, para valorar la sentencia hecha pública ayer del Tribunal Constitucional por la que se declara nulo un artículo de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (LOTAU) de Castilla-La Mancha que ya no está en vigor, puesto que se modificó en 2009.

La consejera ha recalcado que este pronunciamiento del Constitucional no tiene efectos retroactivos, sino que “afecta a actos futuros”, por lo que el planeamiento urbanístico de distintos municipios de la región aprobado conforme a las distintas versiones de la LOTAU no se verá previsiblemente afectado a raíz de este dictamen. “La sentencia no se está pronunciando en ningún caso sobre el Plan de Ordenación Municipal de Toledo”, ha subrayado De la Cruz a preguntas de los medios informativos. “A día de hoy, con esta sentencia el POM de Toledo continuaría vigente”, ha precisado.

De la Cruz ha comunicado que la Consejería de Fomento va a pedir una aclaración de esta sentencia porque deja dudas jurídicas en relación a si afecta también al artículo modificado a partir de 2009. Pese a que el fallo se refiere a un artículo de 2004 que lleva más de ocho años derogado, la consejera ha aclarado que la sentencia no es explícita en cuanto al artículo cambiado en 2009 de la LOTAU, aspecto que el Gobierno regional pretende dilucidar porque ese texto sí continúa en vigor en Castilla-La Mancha, que ahora mismo está inmersa en una modificación de la normativa urbanística que está en fase de redacción. El director general ha indicado que en esta nueva normativa “aprovecharíamos para adecuar” el artículo en cuestión de manera más precisa en el sentido que está marcando ahora el Tribunal Constitucional.

Elena de la Cruz ha llamado a “mantener la calma” sobre un asunto que ha definido como “una cuestión técnica” y ha expresado su total convicción de que tanto la Junta de Comunidades como el Ayuntamiento de Toledo actuaron “ateniéndose a la legislación vigente, que era la de 2004” cuando aprobaron el Plan de Ordenación Municipal.

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