La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha celebrado la petición del partido mayoritario en el Gobierno murciano en aras a exigir al Gobierno de España que incremente el rendimiento de los sistemas de desalación de agua marina para que puedan operar al cien por cien, cosa que no sucede en la actualidad. “Al fin están reconociendo que no hay agua en el Tajo”, ha afirmado.
Sin embargo, De la Cruz también ha mostrado su preocupación ante otras resoluciones aprobadas ayer en la Asamblea regional de Murcia relativas a una ‘redotación’ de recursos al Tajo mediante la utilización de otros esquemas como un banco que regule intercambios de derechos entre regantes o la construcción de nuevos acueductos entre el Duero, el Tajo Medio y los pantanos de cabecera, así como otras propuestas que según las informaciones publicadas estaría diseñando el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).
Elena de la Cruz ha vuelto a reiterar que cualquier propuesta de futuro debe pasar por reducir la sobreexplotación que hoy mismo soporta el Tajo a consecuencia del trasvase. La consejera ha expresado además sus dudas en relación a que dichos proyectos no obtengan contestación social en otros territorios, como las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura, que se verían presuntamente afectadas con las ideas que propone la patronal del riego murciana.
Un lobby
Esos gobiernos autonómicos “tendrán mucho que decir y que opinar”, ha aseverado, y ha recordado que el SCRATS es “un lobby” con unos intereses concretos en relación al agua. “Espero que el Gobierno de España tenga la sensatez de respetar a todos los territorios” en lugar de “satisfacer únicamente las necesidades del SCRATS”, ha afirmado sobre esta propuesta, indicando que “siguen concibiendo el Tajo como un almacén”, por lo que ha reclamado que este debate se acometa desde el ámbito de las instituciones públicas, no desde un organismo que no es neutral.
En relación a la posible creación de un ‘Banco del agua’, la consejera ha reclamado políticas de Estado pilotadas por los poderes públicos y no por usuarios particulares, afirmando que “si la idea es para especular con el agua, nuestra valoración es absolutamente negativa” y reclamando una vez más un reparto “justo y equilibrado entre los distintos territorios”.
