La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha iniciado el procedimiento de resolución del contrato suscrito con la adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, tras constatar que la adjudicataria no ha aplicado a los trabajadores el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad.
En una resolución dictada hoy por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, se notifica a la adjudicataria, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sinergias de Vigilancia y Seguridad, S.A. y Cyrasa Seguridad S.L., el inicio del procedimiento de resolución del contrato, al haber aplicado su propio convenio de empresa a los trabajadores, lo que les ocasiona una notable merma de sus retribuciones.
Con esta resolución, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas cumple el compromiso adquirido con los trabajadores, que manifestó públicamente y en sede parlamentaria Ruiz Molina, de iniciar de forma inmediata el expediente de resolución del contrato una vez que se hubiera constatado que la adjudicataria no aplicaba el convenio colectivo estatal.
Así lo ha podido comprobar la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas tras concluir el primer mes de ejecución del contrato y haberse producido una importante disminución de las retribuciones de los trabajadores respecto a lo establecido en el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad, que era el aplicable a los trabajadores adscritos al contrato.
Una vez notificada la resolución a la UTE y continuando con la comunicación que mantiene con los trabajadores, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado a los vigilantes de seguridad de los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en estas tres provincias del inicio del expediente de resolución, con el objetivo de que conozcan el estado de un procedimiento que les afecta de forma directa.
