El Gobierno de Castilla-La Mancha gestionará un presupuesto de 9.672.547,53 cedido por el Gobierno de España y correspondiente al 0,7 por ciento del IRPF de la convocatoria de entidades sociales de 2017, por lo que ha pedido “agilidad en la publicación del acuerdo”, en una postura común con otras cinco comunidades autónomas.
Así lo ha asegurado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha tomado parte en la reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El Consejo Territorial ha aprobado por unanimidad la propuesta por la que se plantea un modelo mixto de financiación, con el 20 por ciento gestionado por el Gobierno de España y el 80 por ciento por las comunidades autónomas, es decir, 192 millones de los 240 millones totales,los gestionarán las comunidades autónomas. De ellos, a Castilla-La Mancha le corresponderá gestionar casi 9,7 millones de euros “que se convocarán directamente por el Gobierno regional, para que se haga lo más ágil posible y satisfaga las necesidades de las entidades del Tercer Sector y de los ciudadanos”, ha insistido la consejera.
Retraso
Aurelia Sánchez ha destacado que las comunidades “hemos repetido a la ministra que el problema ha sido el retraso, porque el auto del Tribunal Constitucional es de enero de 2017, el Ministerio se ha reunido con el Tercer Sector y hubiéramos deseado que lo hubiera hecho con las comunidades autónomas”, no obstante, ha aclarado que “estamos en tiempo todavía para unir fuerzas y lo importante es que llegue a los usuarios, muchos ciudadanos en situación de vulnerabilidad, y lo que importa es que sigan atendidos”.
La consejera ha anunciado que entre julio y agosto saldrá la convocatoria, ya que el crédito tiene que estar repartido antes de fin de año para que los ciudadanos sigan beneficiándose de una convocatoria que lleva años funcionando.
En la reunión, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Aragón, Asturias y Cantabria han exigido que el Gobierno de España agilice, lo antes posible, la publicación del acuerdo con la distribución de los créditos a cargo del 0,7 por ciento del IRPF, “para que las comunidades autónomas puedan realizar su convocatoria y así permitir que las entidades se acojan cuanto antes a las subvenciones”.
Estas seis comunidades han insistido en que lo importante ahora “es avanzar en este nuevo modelo” que se plasmará en un decreto-ley. Una vez aprobada la normativa, “habrá que tener en cuenta las necesidades e intereses de los colectivos sociales”, han indicado.
También han resaltado que “reclamamos que el presente acuerdo sólo tenga vigencia para este año 2017, y que se constituya un grupo de trabajo que será el encargado de analizar el futuro del sistema de las subvenciones de IRPF y propondrá un modelo aplicable a partir del 2018”.
Colectivos
Los programas que se financian gracias a la casilla ‘Actividades de Interés Social’ van dirigidos, principalmente, a la infancia, a las familias, a la juventud, a las personas mayores, a las personas con discapacidad o a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
Estos programas gestionados por las entidades del tercer sector “beneficiarán en España a más de siete millones de personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. En concreto, durante el año 2017, cerca de 500 ONG desarrollarán más de 1.300 programas gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes”, ha especificado.
Sólo en 2016, fueron atendidas casi 7,4 millones de personas en España y supuso el reparto de más de 234 millones de euros a 8.552 proyectos, que financiaron 1.383 programas, en los que participaron más de 114.000 voluntarios.
